¿De qué beneficios habla la CFE?
Por Mirios Ramos
200 millones de dólares, equivalentes a más de 2,000 millones de pesos, cantidad superior al presupuesto anual del estado; serán destinados a obras sociales en la zona de Cacahuatepec, zona guerrerense con índices de marginalidad y pobreza similares a los de La Montaña, considerada entre las más pobres del mundo, como lo reconoce el mismo gobernador Zeferino Torreblanca, solamente se aplicarán si se construye la Presa La Parota.
Admitámoslo, en Guerrero tenemos un gobierno que permite que se condicionen obras sociales indispensables, a que se realice un proyecto que no quieren los habitantes de los poblados de los Bienes comunales de Cacahuatepec.
¿De qué estado de derecho se habla entonces, cuando el mismo gobierno a su más alto nivel, no respeta la libre decisión de los campesinos ni sus mínimos derechos ciudadanos?
Me refiero al conflicto que está causando del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica La Parota, en donde los habitantes de por lo menos treinta y seis comunidades que ya están siendo afectadas, tienen muy claro por qué no quieren la presa y también por qué están dispuestos a todo para impedir el ser desalojados de sus casas y de sus tierras. Su oposición no es por cuestión de precio sino por elemental lógica y dignidad.
Doy testimonio de sus luchas, de sus esfuerzos y de sus esperanzas en encontrar en la instancia oficial indicada, un oído atento y un ánimo sensible ya no para que los apoye sino simplemente para que los escuche y los atienda. Ellos saben que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no van a encontrar ninguna solución a sus demandas que se reducen a esto: “No queremos La Parota porque nuestras tierras no están en venta”.
Su decisión me hace un total sentido, porque ellos solamente están ejerciendo un derecho, su derecho a decidir sobre lo que es suyo y que implica su futuro; el de ellos, el de sus padres y abuelos y también el de sus hijos y el de los hijos de éstos.
El que no haya ninguna instancia, ni en el país ni en el estado de Guerrero que se atreva a disentir de lo que por lo visto ya está decidido por las más altas autoridades de México y que es el llevar adelante este proyecto de manera tan desaseada y arbitraria, a costa de lo que sea, es no solamente preocupante sino aberrante porque ¿De qué democracia hablamos entonces? ¿Qué estado de derecho se vive en éste país? ¿A dónde van las promesas de los candidatos? ¿Para qué sirven las elecciones? Etc.
¿Qué implica el que el gobernador del estado de Guerrero diga que para él, las tres asambleas, a todas luces fraudulentas, que se han llevado a cabo en Cacahutepec, son válidas? A mi juicio, esto es sumamente grave, ya que el Gobernador conociendo las leyes no las respeta y las utiliza para hacer simulacros a favor de acuerdos, previamente establecidos y no solamente por él, sino por el Presidente de México…qué digo? Si ésto ya está acordado por Estados Unidos, Canadá y México desde que se firmó el TLC y es de todos sabido que el Proyecto de la Presa Hidroeléctrica La Parota es parte del Plan Puebla Panamá (PPP) que a pesar de su envergadura, es solamente una parte muy pequeña de dicho plan..
Florencio Salazar Adame, el hoy titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, fue el gran promotor del PPP y ahora, el presidente Fox, trata de revivirlo. Este Plan, a pesar de los elogios que le hacen sus impulsores, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericanos de Desarrollo (BID), entre otros, no está diseñado para mejorar la calidad de vida de los mexicanos sino para favorecer a los grandes capitales y empresas tanto nacionales como extranjeros. En el documento base del plan, se dice que el PPP tiene por objetivo el favorecer el desarrollo del Sur Sureste de México y de Centro América hasta Colombia pero que para solucionar la pobreza de los habitantes de esta región del continente, los gobiernos de cada país tienen que implementar sus propios planes.
Me consta que los pueblos opositores a la construcción de La Parota no son unos cuantos, son la gran mayoría como lo demuestran en sus plantones, marchas y demás actos y que la estrategia que este gobierno está usando es infame.
A ellos se les fabrican delitos, se les cierra el paso con retenes y cercos policíacos para que no puedan entrar a las asambleas decisorias. Éstas están arregladas de antemano y terminan en diez o veinte minutos a lo más; no se les hace una convocatoria abierta ni a tiempo, ellos se tienen que enterar por los periódicos. Les fijan una hora y la asamblea empieza más temprano además, para impedirles llegar, se les ponen retenes, se les amenaza con armas e incluso se les ha llegado a cortar cartucho, se les han lanzado gases lacrimógenos y ya ha corrido la primera sangre mientras que se le dice a la ciudadanía de Acapulco que los opositores son unos cuantos y se lanzan costosísimas campañas de medios difundiendo los “beneficios” de la presa, dinero que no se aclara de dónde sale y, se organizan “reuniones informativas” a una minoría de campesinos seducidos por dos tortas, un refresco y una manzana además de ser llevados al lugar gratuitamente, en camiones urbanos.
A los campesinos que están “a favor de la presa”, se les marca con un distintivo naranja, como sucedió en la asamblea de San Marcos y se les da dinero como consta en listas en donde figuran las cantidades que se les asignan a quienes asistieron y que van desde los $200,00 por firma hasta $2,000.00 o en un caso o dos, a más.
Cuando aludo a las asambleas decisorias, me refiero a tres: En el Tribunal Unitario Agrario (TUA) hay levantadas tres actas de impugnación de asamblea que fueron interpuestas por los abogados del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) referentes a las llevadas a cabo el 24 de abril de 2004 en la cabecera de los Bienes comunales de Cacahuatepec, a la segunda en el poblado de El Campanario y a la tercera, el 23 de octubre de 2005 en San Marcos; ésta última, con el objetivo de obtener la anuencia para llevar a cabo el proceso expropiatorio de 17 mil 300 hectáreas que son lo terrenos necesarios para la construcción del proyecto en cuestión. Ya vimos de qué medios se valieron para lograr la aprobación.
Por ley, el proyecto debería estar en suspenso hasta que el TUA emita su fallo pero no ha sido así.
Veo el conflicto muy complicado y muy lejos de resolverse por la vía pacífica y justa: La CFE dice que ya nada más les faltan tres asambleas para licitar las obras y que la seguridad para ello le corresponde al gobierno del estado, el gobierno dice que ha tolerado mucho a los opositores pero que un día de estos les va a aplicar la ley, los inversionistas están prestos: Slim, Cemex, Ideal, los chinos, los españoles, etc. Los opositores, que no son solamente Marco Antonio Suástegui y Felipe Flores dicen: “Nuestras tierras no se venden y no aceptamos ya ningún diálogo con Zeferino (el gobernador), ellos podrán decir lo que quieran pero aquí no se va a hacer ninguna presa”.
miriosl@yahoo.com
200 millones de dólares, equivalentes a más de 2,000 millones de pesos, cantidad superior al presupuesto anual del estado; serán destinados a obras sociales en la zona de Cacahuatepec, zona guerrerense con índices de marginalidad y pobreza similares a los de La Montaña, considerada entre las más pobres del mundo, como lo reconoce el mismo gobernador Zeferino Torreblanca, solamente se aplicarán si se construye la Presa La Parota.
Admitámoslo, en Guerrero tenemos un gobierno que permite que se condicionen obras sociales indispensables, a que se realice un proyecto que no quieren los habitantes de los poblados de los Bienes comunales de Cacahuatepec.
¿De qué estado de derecho se habla entonces, cuando el mismo gobierno a su más alto nivel, no respeta la libre decisión de los campesinos ni sus mínimos derechos ciudadanos?
Me refiero al conflicto que está causando del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica La Parota, en donde los habitantes de por lo menos treinta y seis comunidades que ya están siendo afectadas, tienen muy claro por qué no quieren la presa y también por qué están dispuestos a todo para impedir el ser desalojados de sus casas y de sus tierras. Su oposición no es por cuestión de precio sino por elemental lógica y dignidad.
Doy testimonio de sus luchas, de sus esfuerzos y de sus esperanzas en encontrar en la instancia oficial indicada, un oído atento y un ánimo sensible ya no para que los apoye sino simplemente para que los escuche y los atienda. Ellos saben que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no van a encontrar ninguna solución a sus demandas que se reducen a esto: “No queremos La Parota porque nuestras tierras no están en venta”.
Su decisión me hace un total sentido, porque ellos solamente están ejerciendo un derecho, su derecho a decidir sobre lo que es suyo y que implica su futuro; el de ellos, el de sus padres y abuelos y también el de sus hijos y el de los hijos de éstos.
El que no haya ninguna instancia, ni en el país ni en el estado de Guerrero que se atreva a disentir de lo que por lo visto ya está decidido por las más altas autoridades de México y que es el llevar adelante este proyecto de manera tan desaseada y arbitraria, a costa de lo que sea, es no solamente preocupante sino aberrante porque ¿De qué democracia hablamos entonces? ¿Qué estado de derecho se vive en éste país? ¿A dónde van las promesas de los candidatos? ¿Para qué sirven las elecciones? Etc.
¿Qué implica el que el gobernador del estado de Guerrero diga que para él, las tres asambleas, a todas luces fraudulentas, que se han llevado a cabo en Cacahutepec, son válidas? A mi juicio, esto es sumamente grave, ya que el Gobernador conociendo las leyes no las respeta y las utiliza para hacer simulacros a favor de acuerdos, previamente establecidos y no solamente por él, sino por el Presidente de México…qué digo? Si ésto ya está acordado por Estados Unidos, Canadá y México desde que se firmó el TLC y es de todos sabido que el Proyecto de la Presa Hidroeléctrica La Parota es parte del Plan Puebla Panamá (PPP) que a pesar de su envergadura, es solamente una parte muy pequeña de dicho plan..
Florencio Salazar Adame, el hoy titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, fue el gran promotor del PPP y ahora, el presidente Fox, trata de revivirlo. Este Plan, a pesar de los elogios que le hacen sus impulsores, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericanos de Desarrollo (BID), entre otros, no está diseñado para mejorar la calidad de vida de los mexicanos sino para favorecer a los grandes capitales y empresas tanto nacionales como extranjeros. En el documento base del plan, se dice que el PPP tiene por objetivo el favorecer el desarrollo del Sur Sureste de México y de Centro América hasta Colombia pero que para solucionar la pobreza de los habitantes de esta región del continente, los gobiernos de cada país tienen que implementar sus propios planes.
Me consta que los pueblos opositores a la construcción de La Parota no son unos cuantos, son la gran mayoría como lo demuestran en sus plantones, marchas y demás actos y que la estrategia que este gobierno está usando es infame.
A ellos se les fabrican delitos, se les cierra el paso con retenes y cercos policíacos para que no puedan entrar a las asambleas decisorias. Éstas están arregladas de antemano y terminan en diez o veinte minutos a lo más; no se les hace una convocatoria abierta ni a tiempo, ellos se tienen que enterar por los periódicos. Les fijan una hora y la asamblea empieza más temprano además, para impedirles llegar, se les ponen retenes, se les amenaza con armas e incluso se les ha llegado a cortar cartucho, se les han lanzado gases lacrimógenos y ya ha corrido la primera sangre mientras que se le dice a la ciudadanía de Acapulco que los opositores son unos cuantos y se lanzan costosísimas campañas de medios difundiendo los “beneficios” de la presa, dinero que no se aclara de dónde sale y, se organizan “reuniones informativas” a una minoría de campesinos seducidos por dos tortas, un refresco y una manzana además de ser llevados al lugar gratuitamente, en camiones urbanos.
A los campesinos que están “a favor de la presa”, se les marca con un distintivo naranja, como sucedió en la asamblea de San Marcos y se les da dinero como consta en listas en donde figuran las cantidades que se les asignan a quienes asistieron y que van desde los $200,00 por firma hasta $2,000.00 o en un caso o dos, a más.
Cuando aludo a las asambleas decisorias, me refiero a tres: En el Tribunal Unitario Agrario (TUA) hay levantadas tres actas de impugnación de asamblea que fueron interpuestas por los abogados del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) referentes a las llevadas a cabo el 24 de abril de 2004 en la cabecera de los Bienes comunales de Cacahuatepec, a la segunda en el poblado de El Campanario y a la tercera, el 23 de octubre de 2005 en San Marcos; ésta última, con el objetivo de obtener la anuencia para llevar a cabo el proceso expropiatorio de 17 mil 300 hectáreas que son lo terrenos necesarios para la construcción del proyecto en cuestión. Ya vimos de qué medios se valieron para lograr la aprobación.
Por ley, el proyecto debería estar en suspenso hasta que el TUA emita su fallo pero no ha sido así.
Veo el conflicto muy complicado y muy lejos de resolverse por la vía pacífica y justa: La CFE dice que ya nada más les faltan tres asambleas para licitar las obras y que la seguridad para ello le corresponde al gobierno del estado, el gobierno dice que ha tolerado mucho a los opositores pero que un día de estos les va a aplicar la ley, los inversionistas están prestos: Slim, Cemex, Ideal, los chinos, los españoles, etc. Los opositores, que no son solamente Marco Antonio Suástegui y Felipe Flores dicen: “Nuestras tierras no se venden y no aceptamos ya ningún diálogo con Zeferino (el gobernador), ellos podrán decir lo que quieran pero aquí no se va a hacer ninguna presa”.
miriosl@yahoo.com