Comenzamos el curso político con una dosis de asunción de responsabilidades. Me refiero al hecho de que por primera vez en la historia de la España Autonómica, el Estado Central se ha puesto manos a la obra, y como podemos comprobar con datos concretos*, aprobados con la abstención del Partido Popular, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, organismo que tenemos que recordar están representados todas las Comunidades Autónomas, así como también la propia Administración Central, se ha puesto de manifiesto que la corresponsabilidad fiscal es un requisito necesario, tanto para que sea efectiva la autonomía de los Gobiernos de las Comunidades, como para asegurar una provisión eficiente de los bienes y servicios públicos, que se prestan a los ciudadanos.

Merece la pena subrayar que la estructura de financiación de las Comunidades Autónomas –diferenciando las regiones Forales del País Vasco y Navarra, recogido en la Constitución española de 1978-, fue definido en el año 2002. En dicho Acuerdo aprobado por todas las Comunidades Autónomas, los tributos cedidos (por ejemplo, el Impuesto del Patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto de matriculación, tasas de juego, ….) son el principal recurso en la Financiación de las Haciendas Autonómicas, cumpliendo el principio de suficiencia en la financiación del gasto y permitiendo ejercer la Autonomía fiscal.

El Estado actualmente recauda el 5,2% sobre el PIB frente a lo recaudado por las Comunidades Autónomas que asciende al triple. Contamos con un estado muy descentralizado y tenemos que asumir que ésta es la España Autonómica, la España territorial, y que todas las Administraciones son responsables de prestar servicios a los ciudadanos para mejorar su bienestar.

Resulta baladí, el pensar que la Administración Central tiene una capacidad de recaudación muy grande, y que las Autonomías por el contrario no. Los tributos susceptibles de cesión, están efectivamente cedidos, por lo que tienen las propias Comunidades Autónomas capacidad normativa para desarrollarlos. La posibilidad de crear nuevos impuestos propios supone en última instancia la manifestación más completa de la autonomía fiscal.

No debemos pensar, que subir los impuestos disminuye el bienestar de los ciudadanos, sino todo lo contrario. Si queremos asemejarnos a ciudadanos europeos de Dinamarca, Noruega, por poner algún ejemplo, donde tienen un nivel de bienestar alto, con una educación y sanidad pública admirables, no debemos criticar que por el precio de un litro de cerveza, se vaya un céntimo como impuesto para mejorar la sanidad pública, o por una cajetilla de tabaco, vayan también 10 céntimos dirigidos a la sanidad pública, o porque si nos suben el sueldo, tenemos que pagar más en la declaración de la renta.

La responsabilidad de que los ciudadanos tengamos un mayor nivel de bienestar y calidad de vida nos compete a todos, Administraciones en la responsabilidad de prestar los servicios necesarios y los propios ciudadanos en contribuir a que dichos servicios sean posibles.