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Instituto para la Transparencia de la Gestión Pública y privada Dr. Lisandro de la Torre
Informe de Investigación Deficiencias del Gobierno en materia energética: ausencia de controles y concentración empresaria
Informes: Dip. Nacionales Fabiana Ríos y Adrián Perez
Directora del Centro para la Transparencia: Dra. Paula Oliveto Lago
Marzo de 2005

2. Objetivo:
El objetivo del presente informe consiste en evaluar la gestión del Estado Nacional en la administración de recursos energéticos, centrando la atención en los recursos hidrocarburíferos, en términos de eficiencia, eficacia , economía y transparencia. A tales fines, se abordarán las distintas problemáticas en materia de hidrocarburos, identificando la matriz energética nacional, los grupos empresarios participantes de los distintos segmentos de la cadena productiva, de transporte y distribución, marco regulatorio, evolución presupuestaria y responsables de la aplicación de los recursos. La tarea abordada por este equipo de investigación consistió en el análisis de:
- Normativa legal vigente.
- Presupuestos.
- Composición accionaria de los distintos grupos empresarios.
- Versiones taquigráficas.
- Relevamiento de notas periodísticas.
- Proyectos Parlamentarios.
- Consultas a los equipos técnicos del área Energía del ARI Cap. Fed.
1.INTRODUCCIÓN
La energía en cuanto recurso natural debe ser abordada desde un aspecto bipolar. Esto es en cuanto elemento de importancia vital para el crecimiento de la economía de un país y su defensa y atendiendo siempre al carácter utilitario del recurso como un bien social consagrado a la satisfacción normal y regular de necesidades colectivas, sin embargo el análisis de la matriz energética de una país como la Argentina no resulta sencillo. Por tal motivo hemos creído oportuno abordar dicha problemática discriminando los diferentes sectores que integran el segmento energético nacional. A fin de establecer los criterios para desentrañar la matriz energética del país, a priori, habrá de atenderse no solo a las cantidades de energía consumidas sino también a las fuentes que la generan, como al empleo o naturaleza del consumo, debiendo adicionarse el régimen jurídico del sector, la naturaleza de sus actores (empresa pública, privada, mixta, etc) y el origen del abastecimiento de esa energía. Este último punto resulta de capital importancia toda vez que la importación de productos energéticos consume cuantiosas divisas profundizando la dependencia con el exterior. En lo que hace a los hidrocarburos la Argentina es un país con petróleo. Lejos de la producción diaria por pozo que generan, por ejemplo, las Naciones de Medio Oriente (500 metros cúbicos), en nuestro país se ubica en el orden de los 9.4 metros cúbicos, situación que transforma al recurso en escaso y estratégico.
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Para iniciar este análisis debemos retrotraernos a la década del 90. La política energética establecida durante la Presidencia de Carlos Menem tuvo por objeto incorporar recursos al Tesoro Nacional como forma de conjurar los problemas fiscales que aquejaban al Sector Público, dilapidando recursos naturales no renovables. La consecuencia directa de tal concepción fue el desmembramiento de la vieja empresa Gas del Estado, el desarme del sistema eléctrico nacional, la venta de las áreas secundarias y centrales pertenecientes a Y.P.F y la posterior privatización de los activos y acciones de la entonces petrolera estatal. Podemos afirmar entonces, que estuvimos ante una política fiscal tendiente a la reducción del gasto antes que una política de desarrollo energético. Tal década, signada por el desguace del Estado, produjo entre otras cosas un profundo cambio en su matriz energética, cuyas consecuencias se proyectan ostensiblemente hasta la actualidad. Las privatización y la desregulación del sector supieron abrir paso a la lógica del mercado frente a la forzosa planificación de inversiones. Desde el inicio del proceso desregulador en 1989 hasta nuestros días no se han construido en el país gasoductos destinados a abastecer el mercado interno. Adviértase, que el último fue construido y puesto en operación en 1988 por Gas del Estado S.E. - NEUBA II, Neuquén-Buenos Aires-, siendo una de las consecuencias de la matriz energética vigente el desabastecimiento de gas natural en una amplia región de nuestro territorio. Las compañías del sector gasífero advirtieron bajo la égida de la convertibilidad, que el mercado local no iba a expandirse más allá de lo que estaba. frente a un proceso de desindustrialización continua y a la existencia de zonas residenciales conectadas al suministro, se avocaron a la construcción de gasoductos para exportar gas a Chile, Brasil y Uruguay. Lógicamente, tales inversiones fueron costeadas por los usuarios argentinos mediante la tarifa. En 2003 el 20 por ciento de la producción neta de gas natural se exportó a precio dólar deduciéndose la retención. Debe también agregarse que en 1999, cuando la economía argentina entró en recesión, las inversiones para expandir producción y transporte interno de energía se paralizaron, al igual que las destinadas a los sistemas eléctricos de tensión.1
1 De Dicco, Ricardo (2004). “El mayor exportador de gas natural de nuestro país es TGN, operando dos gasoductos a Chile, uno a Brasil y otro al Uruguay. El segundo lugar lo ocupa Methanex-PAN de Pan American Energy hacia Chile, continuando Atacama (a Chile), Methanex de Repsol también a Chile, Methanex-SIP de Sipetrol (a Chile), Pacífico (a Chile) y TGS (a Uruguay)”. “Los productores de gas y sus prácticas oligopólicas en el mercado energético argentino”-País Global.. Informe del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador. Buenos Aires.

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Así las cosas, podríamos afirmar que, en nuestro país, la crisis que atraviesa el sector no es otra cosa que el producto de la retracción estatal y su consecuente la falta de una política general elaborada y ejecutada desde el sector público, que comprende tanto a las fuentes de energía convencionales (hidrocarburos, carbón mineral, electricidad, etc) como a las no convencionales (solar, mareomotriz, geotérmica, biomasa, etc). La incapacidad de los sucesivos gobiernos nacionales para diseñar y ejecutar políticas energéticas acordes a las necesidades de nuestro país es el principal factor que nos ha llevado a la crisis que hoy enfrentamos. El presente informe se encuentra orientado a explicar y desentrañar el papel que juegan los recursos naturales energéticos dentro del actual modelo económico. A tal efecto, desde una perspectiva metodológica hemos creído necesario concentrarnos en esta primera etapa en los recursos hidrocarburíferos (gas y petróleo), dejando para una ulterior, todo lo relativo a la energía eléctrica y la energía atómica.

2. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO GENERAL
2.1. la Ley 24.076 (Privatización de Gas del Estado y Marco Regulatorio del Gas). La citada norma, no solo declaró sujeta a privatización a la entonces empresa Gas del Estado sino que estableció el nuevo marco regulatorio de la actividad gasífera en nuestro país. Así las cosas, y tomando como premisa atomización de la ex Gas del Estado la Ley y su Decreto Reglamentario Nº 1738/92 pergeñaron un nuevo régimen sustentado en la incorporación de nuevos sujetos a la industria del gas como son los productores, transportistas, almacenadores, comercializadores, los distribuidores y subdistribuidores, como forma de generar una nueva dinámica empresaria, flamantes modelos y técnicas de gerenciamiento . Dentro de este esquema, el Estado debía asumir y ejercer no solamente la denominada policía del servicio sino también controlar si la Argentina efectuaba un uso sostenible de los recursos gasíferos, con particular énfasis en el desarrollo de labores exploratorias de nuevas reservas de gas, atendiendo a los niveles de explotación de aquel entonces y del largo plazo.
2.2.El Ente Regulador
En lo atinente al ejercicio de la actividad de control, la ley Nº 24.076 creó el Ente Regulador del Gas (ENARGAS) a fin de adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de los objetivos de regulación del transporte y distribución del gas natural con particular énfasis en lo relativo a la protección del consumidor, de la competitividad de los mercados, la lealtad comercial y el resguardo ambiental (Véase art. 2 inc. a) b) d) y f) – Ley Nº 24.076). En otras palabras la creación del Ente implicó disociar las potestades reglamentarias y de contralor, de las actividades operativas o de la prestación del servicio público de gas.

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El transporte y distribución del gas se encuadra dentro de los denominados monopolios naturales. Tal criterio no se conmueve por la existencia de diversas transportadoras o distribuidoras toda vez que dentro de las áreas donde se presta la actividad ésta ofrece un esquema monopólico dentro del cual el usuario aparece cautivo de aquellas empresas
que se han apropiado del mercado.2
Frente a tales circunstancias la actividad del Ente podría calificarse como insuficiente, máxime frente a la posibilidad de “captura” o “cooptación” del órgano de control por las empresas que prestan el servicio y su palmaria manifestación en la adopción de reglamentaciones que impidan el ingreso al mercado de otros competidores, como ocurre con el art. 4 de la Ley Nº 24.076.3
En efecto, se ha consagrado una clara limitación respecto del Estado Nacional y las Provincias para la prestación de los servicios de transporte y distribución por cuanto no podrán desarrollar tales actividades salvo que no existieren oferentes a los cuales no pueda adjudicarse la prestación de los mismos o habiéndose adjudicado la misma, se extinguiera por alguno de los supuestos previstos en la habilitación y se diera la situación mencionada. En otros términos, el mismo Estado se excluía de la prestación del servicio como una forma de garantizar a las grandes y fuertes compañías su retirada del mercado, para asumir la prestación del servicio en situaciones de escasa rentabilidad ajenas al interés empresario. Por otro lado, resulta evidente que el peligro de cooptación reclama la adopción de una normativa, como del ejercicio de facultades punitivas, a fin de evitar su burocratización y propender a la especialidad de su función a través de la profesionalización de sus directivos, cuadros técnicos y administrativos. Vaciar al Ente y convertirlo en una estructura inerte frente al accionar de las grandes empresas desembocaría sin duda en una situación de imprevisibles consecuencias. Adviértase, que la Ley Nº 24.076 (art. 53) determina que el ENARGAS estará dirigido y administrado por un Directorio compuesto de cinco miembros,
2 Si bien el Art. 13 otorga la posibilidad a cualquier consumidor pactar libremente las condiciones de la compra de gas con los productores o comercializadores es obvio que dicha norma está referida a los grandes usuarios.
3 Como ejemplo de lo dicho pude citarse el reciente fallo "REPAR, José A. s/sobreseimiento" la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal que condenó a los integrantes del Directorio del ENARGAS en su anterior composición teniendo en cuenta la participación accionaria de José A. Repar, en las firmas Enersur S.A. y Equip-Gas S.A. y su desempeño como Vicepresidente del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), además de las incompatibilidades establecidas por las leyes 24.076 y 25.188, constituyó a través de las contrataciones efectuadas entre Gas Nea S.A. y Equip Gas S.A. en mayo de 1998 y abril de 1999 para la Ejecución de Obra para la provisión de gas natural a la localidad de General Ramírez (Pcia. de Entre Ríos) y Red de Distribución de Gas de la ciudad de Formosa, respectivamente, el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 del Código Penal).- 6 los cuales son designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pero seleccionados entre personas “con antecedentes técnicos y profesionales en la materia”. Dos de esos directores son propuestos por los gobernadores de las Provincias (Art. 54). En la designación interviene también una Comisión del Congreso Nacional ante la cual el PEN debe comunicar los fundamentos de su designación.4
La situación de vaciamiento del actual órgano de control se registra en el mismo Directorio. En efecto, solo se encuentran designados solo tres de los cinco integrantes de los cuales uno solo acredita tener antecedentes en materia hidrocarburífera. Los miembros restantes provienen de la Provincia de Santa Cruz y no acreditan por el currículum publicado en la página web del ENARGAS antecedentes técnicos y profesionales en la materia gasífera. Como queda aquí demostrado, el ENARGAS se usa tan solo como un “botín de guerra” para repartir cargos entre aliados y amigos políticos dejando de lado la poderosa función reguladora de la actividad que debería cumplir. En esto no hay culpas que puedan ser atribuidas a la década de los 90: Este gobierno es responsable políticamente por mantener ese paupérrimo nivel de directores del ENARGAS, y es este gobierno el cual se rehúsa a completar por medio de concurso público los cargos vacantes en dicho organismo de contralor, acentuando así el vaciamiento de su rol y de su capacidad operativa. Pero la cuestión no se agota aquí. El Contador Fulvio Mario Madaro, actual presidente del Directorio del ENARGAS, fue designado en el cargo mediante decreto 812/04, cuando ya estaba preparado el Concurso Abierto destinado a cubrir las designaciones en los términos del art. 54 de la Ley Nº 24.076, para los cargos de Vicepresidente y Directores. En otras palabras, se había resuelto el concurso y elevado al Secretario de Energía la lista de candidatos elegibles. Solamente era necesario que Poder Ejecutivo, mediante decreto, efectuara las designaciones conforme a los resultados del Concurso Público de Antecedentes. El presidente Kirchner y su ministro Julio De Vido, de cual depende el Ente Regulador, tomaron la decisión de eludir este mecanismo, de esta manera el PEN, no sólo designó a un funcionario a su antojo, sino que también eludió el cumplimiento con el art. 55 de la Ley Nº 24.076 -norma que ordena que previo a la designación el Poder Ejecutivo debe comunicar su propuesta a una comisión del Congreso de la Nación integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, por el plazo de treinta (30) días corridos, ante de la nominación- como ya se dijera.
4 El Art. 55 de la ley 24.076 determina que la Comisión debe emitir su opinión dentro del plazo de 30 días de recibida la comunicación del PEN. Emitida la misma o transcurrido el plazo para ello el Ejecutivo queda habilitado para el dictado del acto respectivo. 7
Debe advertirse que tales prácticas resultan lesivas no solo a normativa mencionada sino que contravienen expresamente la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley Nº 24.759), en cuanto dispone que a sus fines los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. (Art.III. Punto 1) y órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas (Art. III Punto 9). Respecto de otro de los integrantes del Directorio actual de ENARGAS – Ing. Hugo Daniel Muñoz- la Sala I de Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal con asiento en esta Ciudad en un reciente fallo decretó “...el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA, respecto de HÉCTOR ENRIQUE FORMICA5, HUGO DANIEL MUÑOZ y JOSÉ ANDRÉS REPAR, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlos "prima facie" y por semiplena prueba autores penalmente responsables del delito de infracción al artículo 265 del Código Penal (art. 45 del Código Penal y artículos 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación), mandando a TRABAR EMBARGO sobre los bienes o dinero de cada uno de los nombrados, debiendo el señor Juez "a quo" fijar el monto del mismo, a efectos de no privar de instancia a las partes (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).” 6.
Para decirlo claramente el Gobierno Nacional mantiene en la cúpula del ENARGAS A UN FUNCIONARIO PROCESADO por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Como se verá la insistencia de este equipo de investigación sobre la necesidad de garantizar la independencia del ente de control encuentra su fundamento en la propia forma republicana de gobierno que reclama una gestión transparente. Cuando la independencia de tales órganos se debilita y estos pasan a ser andamiajes meramente formales o decorativos, terminan siendo funcionales a modelos de apropiación 5
Integrante de la anterior gestión del ENARGAS a propuesta de la UCR. Integrante de l Centro De Estudios para el Cambio Estructural que lideran Juan Vital Sourrille, Raul Baglini y Jesus Rodriguez. 6
La sentencia de fecha 20/12/04 que lleva la firma de los jueces Cavallo, Vigliani y Freiler dice entre otras cosas que “Este Tribunal entiende que, tanto la demora en que incurrieron los directivos del Enargas en adoptar las medidas pertinentes para que la empresa que debía controlar -Gas Nea S.A.- cumpliera con las obligaciones estipuladas en la Licencia, la omisión de proposición de su caducidad, como el hecho que ésta contratara con Equip-Gas S.A. en la cual el Vicepresidente de aquella mantenía un 33 % de acciones, forma parte de una unidad de acción que se engloba en la omisión del respectivo control o el retardo de las sanciones y medidas que debía llevar a cabo, lo cual tenía el aparente objeto de beneficiar a la licenciataria de manera indebida....Así las cosas se advierte que Formica, Repar y Muñoz, en su calidad de funcionarios públicos, omitieron desde sus respectivos cargos el debido control a la licenciataria Gas Nea S.A., tanto en los plazos como en cuanto a las formas en el cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones de la Licencia de Distribución de Gas por Redes en la Zona IX y de los respectivos contratos, denotando un interés en beneficiar a ésta última y viéndose configurado, con el alcance que esta etapa procesal exige, el delito previsto por el artículo 265 del Código Penal, ello sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda." (Véase "REPAR, José A. s/sobreseimiento" - CNCRIM Y CORREC FED - Sala I - 20/12/2004.) 8 indebida de lo público o a estructuras de negocios de intereses sectoriales amparados por privilegios que el propio Estado confiere a esos sectores. Pero esta configuración de los Entes y la forma en que se hacen los nombramientos no parece ser meramente el fruto de la ineficiencia o la incapacidad oficial: trabajamos sobre la hipótesis que esta arquitectura de desmanejo de las instancias de control no es más que una forma de dar cobertura legal y política a irregularidades, negocios y actos de corrupción que son llevados adelante en la órbita que justamente debería ser controlada por estos organismos. El desguace y la manipulación de las instancias de control son otras formas de cubrir con un manto de impunidad los negocios del poder.
2.3. La llamada desregulación del segmento hidrocarburífero. La ley Nº 24.145- Lo que no hizo la Administración Kirchner
En materia de hidrocarburos, como se sostuviera en los párrafos anteriores, el cambio operado en la matriz energética durante los años 90 llevó al Estado Nacional a “desregular” el sector (Decretos PEN Nros. 1055/89 212/89 y 1589/89) y luego enajenar las llamadas áreas centrales y secundarias cuyo titular era YPF, situación que en los hechos implicó arrebatarle a la petrolera estatal el segmento más redituable. Operado el proceso de la venta de áreas, la empresa fue liquidada mediante su conversión en una sociedad anónima con mayoría de capital privado, sin ningún tipo de control de la procedencia u origen del mismo.
Decreto N° 1055/89
Mediante esta norma el Poder Ejecutivo reglamentó los arts. 2°, 6°, 11°, 95 y 98 de la Ley N° 17.319, habiendo declarado de prioritaria necesidad la promoción, desarrollo y ejecución de planes destinados a incrementar la producción nacional de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados para asegurar el autoabastecimientos interno y un adecuado margen de reservas, alcanzar el desarrollo pleno de las industrias Petroquímicas y obtener saldos exportables, privilegiándose la industrialización de los recursos en su lugar de origen. (Artículo 1°). Respecto de yacimientos de hidrocarburos operados por YPF en los cuales se registraba, a criterio del Poder Ejecutivo, un reducido nivel de producción como consecuencia de su inactividad prolongada y/o estado de semiexplotación era necesario tanto para su reactivación como para el incremento de su producción la aplicación de “esquemas de explotación” que permitieran la participación del capital privado. Por otro lado en aquellos yacimientos operados por YPF que registraban un mayor nivel de producción el PEN buscó la aplicación de las llamadas “técnicas de producción asistida” las cuales, conforme a lo expresado en la norma requerían el aporte de moderna tecnología y capacidad económica – financiera a fin de concurrir al desarrollo de los yacimientos, asociados con YPF. 9
Un dato que no puede soslayarse y que hace a la esencia de la política energética desarrollada en la década de 1990 es el concepto de adjudicación de áreas en función del mayor monto en concepto de derecho de explotación así como de asociación. Nótese que el Decreto Nº 1055/89 adopta un criterio marcadamente fiscalista al determinar que las denominadas áreas de interés secundario se adjudicarían a la empresa que ofrecieren el mayor monto en concepto de derecho de explotación. Sin embargo, pudo haberse utilizado como criterio aquella oferta que asegurara, por ejemplo, mayores volúmenes de producción con técnicas racionales de explotación que tiendan a la preservación de los recursos y al abastecimiento del mercado interno. En consonancia con la pauta adoptada el pago del derecho de explotación se efectuaría al Tesoro Nacional al contado y antes de ingresar al área adjudicada, correspondiendo a éste liquidar un 4% a las Provincias que correspondieren en concepto de adelanto de regalías. Los hidrocarburos producidos por las empresas adjudicatarias de las áreas concursadas serían de libre disponibilidad 7.
Un criterio similar fue el seguido respecto de las denominadas “Áreas de Recuperación Asistida” en las cuales la asociación con YPF en los porcentajes y responsabilidades correspondientes a la empresa asociada se efectuó teniendo en cuenta el mayor monto ofrecido en concepto de derecho de asociación. (Art. 11 inc. C)
Decreto Nº 1212/89
La norma consagró la desregulación del Sector Hidrocarburos y estableciendo reglas tendientes a privilegiar “los mecanismos de mercado para la fijación de precios, asignación de cantidades valores de transferencia y/o bonificaciones en las distintas etapas de la actividad.” (Art 1). Así las cosas, se eliminaron las denominadas cuotas de crudo, se flexibilizó la importación de petróleos crudos y de productos derivados del petróleo al no requerirse autorización previa, eximiéndose los aranceles de importación hasta alcanzar la condición o el término consagrado por el artículo 5° del Decreto bajo análisis 8.
A partir de ese momento, la importación de petróleo crudo y de sus derivados se encuentra sujeta a la política arancelaria general. Una disposición singular es la contenida en el Art. 18, la cual merece un comentario aparte por su trascendencia institucional, toda vez que por vía de un decreto fueron modificadas normas de naturaleza legislativa. En efecto, el 7 (Véase Art. 5 incs a) b) c) d) e) y f) )
8 Art. 5° — ASIGNACION TRASITORIA DE CRUDOS La SECRETARIA DE ENERGÍA continuará asignando crudo según el régimen vigente, conforme a lo indicado en el Anexo 1 del presente Decreto, hasta el 31 de diciembre de 1990, salvo que previamente se alcance un Volumen equivalente a OCHO MILLONES (8.000.000) de m3 anuales de petróleo de libre disponibilidad. A partir de ese momento, quedará eliminada la asignación de cuotas de crudo y el de propiedad de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO será de libre disponibilidad conforme al artículo 15 del Decreto N° 1055/89. 10
Decreto 1212/89 modifico las restricciones impuestas por los Arts. 25 y 34 (segundo párrafo) de la ley 17.319 en cuanto a la titularidad de permisos de exploración y concesiones de explotación en beneficio de empresas integradas bajo la forma de UTE. En los hechos el Decreto implicó la “derogación” lisa y llana de las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y el hecho hasta la fecha no ha sido subsanado por la actual administración Kirchner quien ha mantenido la vigencia plena del Decreto Nº 1212/89. Decreto Nº 1589/89
Debe destacarse que todas estas normas aún se encuentran vigentes y constituyen el estatuto legal que aseguran el régimen de la libre disponibilidad de los recursos hidrocarburíferos, definida como la posibilidad de comercializar el petróleo y el gas sin restricciones tanto en el mercado interno como externo (Art. 15 –1055/89). Puede advertirse también, que tales normas se dan de bruces con la ley Nº 17.319, no solo en lo atinente a las limitaciones de los arts. 25 y 34 sino en los arts. 3 y 6. En efecto, la Ley de Hidrocarburos instituye al PEN estos dos últimos artículos, como la autoridad encargada de diseñar la política energética nacional
La cuestión no puede soslayarse toda vez que frente a situaciones de excepción como es una crisis energética deben adoptarse las medidas necesarias que tiendan a asegurar el aprovechamiento de los recursos energéticos por toda la comunidad. En otras palabras, no puede prevalecer el interés de un puñado de empresas preocupadas por generar saldos exportables de hidrocarburos en detrimento del bienestar general. Por lo expuesto podemos concluir que tenemos pues un marco normativo que favorece decididamente una utilización desmedida de recursos estratégicos y escasos, necesarios para el desarrollo de nuestra economía como para la satisfacción de las necesidades más elementales de nuestro pueblo. Es por ello que el Poder Ejecutivo no puede permanecer impávido frente al despojo y la ilegalidad, permitiendo la expoliación de recursos vitales para nuestra República.
Decreto N° 2.703/02
La norma mencionada en su artículo 1° dispone que “Los productores de petróleos crudos, gas natural y gases licuados deberán ingresar a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, como mínimo, el TREINTA POR CIENTO (30%) de las divisas provenientes de la exportación de petróleo crudo de libre disponibilidad o de sus derivados, gozando de la libre disponibilidad del porcentaje restante. El porcentaje de libre disponibilidad de divisas regirá para toda exportación de petróleo crudo de libre disponibilidad o para la exportación de derivados provenientes del procesamiento de petróleos crudos de libre disponibilidad.” 11
Ley N° 24.145 (PRIVATIZACION DE YPF)
A todas luces, tanto la desregulación como la venta de la compañía energética de todos los argentinos (YPF) implicó la legitimación de una política que puso por encima del desarrollo nacional la obtención de recursos para hacer frente a la problemática fiscal del Estado, condenando a la nación a resignar sus recursos energéticos no renovables, escasos y estratégicos. Un ejemplo de lo afirmado lo tenemos en el Decreto N° 1055/89 norma que determinó que las áreas se adjudicarían a la empresa que ofrecieren el mayor monto en concepto de derecho de explotación, como se explicara oportunamente. El acto por el cual se concretó tal defección a los intereses de la República fue la Ley Nº 24.145, aprobada en 1992 por la mayoría justicialista y apenas resistida por la oposición radical de aquellos años. La norma en términos ampulosos procedió a transferir a las Provincias el dominio del Estado nacional sobre los yacimientos de hidrocarburos toda vez que en los hechos condicionó la misma al acaecimiento de determinados hechos establecidos por la propia ley.9
No obstante lo antedicho, con motivo de la Reforma de la Constitución Nacional en 1994, se introdujo el art. 124 cuyo último párrafo atribuyó a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, aparejando el ejercicio de aquellas facultades destinadas a procurar la protección, exploración y explotación de tales recursos. En consecuencia las limitantes establecidas por la ley Nº 24.145 quedaron sin efecto desde el punto de vista jurídico, no obstante lo cual la transferencia plena de ese dominio no pudo efectivizarse hasta el día de la fecha. A mayor abundamiento, no puede dejarse de recordar al decreto 1955/PEN/94 que aprobó un régimen transitorio para la adjudicación de áreas de exploración y posterior explotación de hidrocarburos en las denominadas áreas en transferencia, de aplicación restringida toda vez que no contó con la adhesión de la totalidad de las Provincias.10
2.4.El Decreto N° 546/2003 de Kirchner. ¿Necesidad y Urgencia? 9
Vease Ley 24.145. Arts. 1, 5, 22, entre otros. 10
Por otra parte, hace pocos años Neuquen mediante normas de derecho local, estableció un régimen de exploración y posterior explotación de hidrocarburos en el marco de la Ley Nº 17.319, adjudicando mediante concursos públicos contratos para la exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos. Se trataría de una avanzada de políticas de neto corte chauvinista, que ha implementado leyes para profundizar la concesión de áreas petroleras y gasíferas en desmedro del interés general del pueblo argentino, claramente violatorias de normas nacionales y de la Constitución misma. Tampoco debe olvidarse el caso del Estado Provincial de Río Negro adjudicó concesiones de explotación sobre determinadas áreas cedidas por el PEN a través del Art. 20 del Decreto Nº 1055/PEN/89. 12
Ahora bien, la administración de Néstor Kirchner dictó el Decreto N°546/03. La norma encuadrada en el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, -Decreto de Necesidad y Urgencia- reconoció a favor de las Provincias el derecho a otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, almacenaje y transporte de hidrocarburos en sus respectivas jurisdicciones con relación a las áreas revertidas a la jurisdicción provincial en el marco del decreto Nº 1955/PEN/94 así como sobre aquellas áreas definidas en sus planes de exploración y/o explotación por las propias provincias, cumplimentando los requisitos y condiciones que determina la propia ley Nº 17.319 y sus normas reglamentarias y complementarias. A los fines del ejercicio de los derechos de exploración y concesión, las provincias tienen que confeccionar los Pliegos de licitación correspondientes, celebrando los concursos públicos de conformidad con su propia legislación en la medida en que sea compatible con la legislación nacional vigente. No obstante, los Estados Provinciales están obligados a proveer en forma permanente información a la Secretaría de Energía nacional respecto del otorgamiento de permisos, concesiones y contratos, planes de desarrollo, avances y conclusiones y respectivos registros a fin que dicha Secretaría lleve un registro centralizado de esta actividad en el país.
2.5.La vía adoptada entraña la nulidad insanable del Decreto N° 546/03. Tal como se dijera, la administración Kirchner apeló a los llamados Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para instrumentar el reconocimiento de derechos en el otorgamiento de permisos de exploración y concesiones de explotación por parte de los Estados Provinciales. A criterio de este equipo de investigación no se advierten cuales fueron las razones de necesidad y de urgencia que actuaron como presupuesto habilitante para la emisión de la norma bajo análisis. Sin pretender abordar la compleja problemática de los DNU, se advierte que el Decreto N° 546/03 – como otras normas dictadas al amparo del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional por esta Administración- estaría afectado por una nulidad insanable.11
11 El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3) Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso". 13
En otras palabras, el gobierno del presidente Kirchner regula un sector clave de la economía nacional sólo en virtud de su discrecionalidad política y sin participación alguna del Parlamento Nacional12.
El Decreto debe ser suscripto por el titular del Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete y los ministros en acuerdo general lo cual supone una participación de todos ellos en la discusión de la medida13.
Si bien la Secretaría Energía es definida como la autoridad de elaboración y ejecución de la política energética nacional, ejerciendo su rol de coordinación, el Decreto ha procedido lisa y llanamente a descabezar el ejercicio de potestades inherentes a tal condición, toda vez que las facultades otorgadas a la Autoridad de Aplicación por la legislación nacional vigente en lo concerniente a los contratos, permisos y concesiones adjudicados por los Estados Provinciales serán asumidas por los organismos competentes de las respectivas jurisdicciones provinciales, a los que competerá la aplicación de la Ley Nº 17.319 y normas. Asimismo no se especifica de que manera la Secretaría de Energía ejercerá sus atribuciones de coordinación de la política hidrocarburífera
Como se podrá advertir la política de la actual administración en materia de hidrocarburos ha sido la de mantener el régimen jurídico estructurado en la década del 90, época durante la cual muchos de los actuales funcionarios – entre ellos el actual Presidentes Néstor Kirchner- fueron decididos adláteres del Régimen que por aquellos años gobernaba la República. Sobre este punto nos explayaremos a continuación.

3.LA ENERGIA EN LA ADMINISTRACIÓN KIRCHNER.
3.1. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
En este análisis tomamos los presupuestos nacionales de los años 2003, 2004 y 2005 como parámetros. Vale destacar que los tres presupuestos fueron confeccionados bajo la gestión de Roberto Lavagna al frente de la cartera de Economía correspondiendo el primero a la administración de Duhalde y los siguientes a la de Kirchner. De estos presupuestos hemos estudiado, en el desagregado de Composición del Gasto por Finalidad-Función y Carácter el Rubro “Energía, Combustibles y Minería” en el cual se inscribe el objeto de estudio de este informe. La elección de estos años para el análisis no es casual. Como veremos a continuación, el rubro citado ha sufrido un significativo incremento en el monto presupuestado para el 2005 respecto del ejercicio anterior. Ver ANEXO I.
12 Por lo aquí descripto los diputados nacionales firmantes del presente informe solicitarán ante la justicia oportunamente la nulidad del decreto 546/03.
13 Surge así la responsabilidad solidaria de éstos conforme al Art. 102 de la Const. Nacional..
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3.1.1. UN INCREMENTO INEXPLICABLE
Pongamos en números el incremento citado. Para el 2005 el gasto presupuestado en este rubro trepa a 3055 M de pesos, contra 466 M del 2004 y 537 M del 2003. Tal monto para este año representa el 3.94% del Gasto Total de la Administración Pública Nacional, contra el 0.78% que representaba en 2004 y el 0.8% que representaba en 2003. El gasto total en el rubro se multiplicó por 6,5 entre 2004 y 2005, representado esto un aumento del 555%.
Año Gasto Total
(en millones de pesos corrientes)
Gasto como porcentaje del Total
2003 537.346.624 0.8
2004 466.305.036 0.78
2005 3.055.772.348 3.94
Ya de por si es llamativo que una actividad que venía en los últimos años con tasas de participación en el total presupuestado menores al 1% salte al 4%. Pero en la relación de este rubro en estudio con otros la desproporción resulta aún más evidente. En el año 2003, el total del gasto en Energía, Combustibles y Minería era equivalente al 29.5% del gasto en Seguridad Interior, al 14,4% del gasto en Salud y al 18.7% del gasto en Promoción y Asistencia Social. En 2004 esas equivalencias representaban el 25, 20 y 13% respectivamente. Lo cual parece lógico: suena razonable que el Estado gaste en este rubro menos de la cuarta parte de lo que gasta en Seguridad, Salud o Asistencia Social. Pero tal razonabilidad se rompe para 2005: en este año el gasto en Energía, Combustibles y Minería será mayor al gasto en Seguridad Interior y Salud y será superado por poco por el gasto en Promoción y Asistencia Social. En porcentajes, este rubro equivaldrá al 128% del gasto en Seguridad, el 111.3% del gasto en Salud y el 84.7% del gasto en Promoción y Asistencia Social. Vale decir que tomamos estos tres rubros como parámetros de comparación por ser muy visible la importancia que tienen en el presupuesto y por la relevancia de estas tareas entre las funciones del Estado. Pero aclaramos que este desfasaje que aquí se advierte casi con brutalidad se comprueba comparando la evolución del gasto del rubro en estudio con cualquiera de los otros rubros que forman el Presupuesto.
Rubro 2003 2004 2005
Seguridad Interior 29.57 25.05 127.98
Salud 14.4 20.06 111.31
Promoción y
Asistencia Social 18.74 12.93 84.7
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3.1.2. LOS MOTIVOS DEL INCREMENTO Y SUS POTENCIALES RIESGOS
Encontrar explicaciones a este incremento presupuestario parece difícil. Recordemos que el Estado tiene prohibida la realización de actividades de explotación minera por sí mismo (art. 9 Código de Minería). En cuanto a los Combustibles, parece también difícil encontrar semejante gasto estatal referido a ellos: el Estado no tiene empresas que se dediquen a eso, e incluso lo recaudado por la Tasa del Gasoil va a un Fondo Fiduciario, por lo cual ese dinero que excluido del Presupuesto General de Gastos. Algo similar podemos decir sobre Energía: ¿cuáles son las actividades estatales en este aspecto que justifican tal nivel de gasto? Se puede aquí argumentar que la creación de ENARSA, que no existía en 2004, sostiene tal aumento. Ahora bien, más allá de la tremenda falta de información existente al respecto de tal empresa y su situación patrimonial, existen dos datos provenientes del propio gobierno que aniquilan tal hipótesis: por una parte Luis Corsiglia, director de ENARSA, afirmó que el Gobierno Nacional destinó a capitalizar la empresa el monto de 50 M; por otro, según la Secretaría de Hacienda, ENARSA cuenta con 100 M presupuestados para 2005 en la Jurisdicción 91. De cualquier modo tales montos están lejos de explicar los 3055 M presupuestados para 2005. Tampoco se encuentra justificación alguna en el articulado de la Ley de Presupuesto, y de hecho ni siquiera hay referencia alguna a la cuestión. Un rubro que representa el 4% de gasto total y que sufrió un incremento del 555% de un año a otro no merece una sola línea que lo explique. Tampoco se puede obtener tal justificación de la información que brindan los anexos a la Ley. Pero hay elementos todavía más llamativos. Estudiando el desagregado de la composición del gasto total en el rubro vemos que el grueso del aumento se explica por el aumento de las Transferencias Corrientes (subieron 345% respecto de 2004) de las Transferencias de Capital (456% más) y de la Inversión Financiera (13.115% de incremento). Estamos ante montos totales y porcentuales de aumento exhorbitantes, que aún así, no merecen fundamentación en la letra de la ley. Pero más grave aún, no sólo no se explica el motivo de tales incrementos sino que tampoco se detalle la finalidad de tales fondos ni los modos de distribución. No hay información sobre el destino de las Transferencias (Corrientes y No Corrientes) ni de las Inversiones Financieras. En este ultimo caso la, cuando menos, poca transparencia se hace palmaria: esta pautado que en 2005 el Estado realice inversiones financieras en el rubro por 1140 M, y ni siquiera hay una tabla o criterio alguno que expliquen cómo y en qué se harán las mismas. Ese monto es similar al que se dedicará a Ciencia y Técnica (1168 M), superior al monto para Relaciones Exteriores (805 M) tres veces mayor al que se destinará este año para Agricultura (363 M). Las conclusiones parecen claras: estamos ante un aumento de proporciones asombrosas, que no tiene explicación de sus motivos ni de su monto; y del cual se ignora el fin a que se destinarán tales fondos. 16
Estas dudas planteadas surgen, ni más ni menos, de la falta –o en su caso ocultamiento- de información acerca del asunto. Esta de más decir que este panorama no facilita el control ni la transparencia en el manejo de esos fondos. Un 4% del presupuesto nacional queda así bajo las sombras de la duda
3.2. LA CRISIS ENERGÉTICA DE 2004. CAUSAS E IMPLICANCIAS
En 2004 la Argentina se encontró con una situación de insuficiencia en la provisión de energía, fundamentalmente en materia de gas y electricidad, sin solución en el corto plazo toda vez que las obras necesarias para superar la crisis demandarán años en completarse. Lógicamente la dimensión de una crisis en la materia depende también de factores externos como el agua en los embalses o la intensidad del frío invernal, por ejemplo. Tampoco la ley 24.076 y el cúmulo de normas que desregularon el sector son capaces de garantizar que una suba de precios conlleve a las empresas que actúan en el segmento energético a efectuar las inversiones necesarias. Si bien el gobierno de Néstor Kirchner se encontró con una crisis energética en puertas, cometió el error de no saber corregir el rumbo a tiempo y, en consecuencia, actuar con absoluta improvisación. Así las cosas, el Gobierno Nacional demoró once meses en asumir la existencia de una crisis y adoptar las medidas de fondo necesarias con el fin de encontrar una solución. No puede dudarse que existe una responsabilidad primaria del Presidente de la República en el tema. Bástenos recordar que la ley 17.319 establece que corresponde al Poder Ejecutivo fijar la política nacional en materia de exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren tal finalidad (Art. 3). La Administración Kirchner conocía muy bien la magnitud del problema que afrontaba el país. Basta leer su documento de campaña en el área de energía para corroborar lo afirmado, por lo tanto debió reaccionar
inmediatamente cuando asumió el gobierno y no once meses después como ocurrió. No hay duda que tal morosidad ha sido pura y exclusivamente por absoluta impericia. A partir de la crisis energética pueden distinguirse dos tipos de efectos. Uno de naturaleza económica toda vez que cualquier crisis energética constituye un valladar a los proyectos de expansión productiva. En consecuencia si la generación de un mayor volumen bienes manufacturados exige una provisión energética confiable nadie efectuará nuevas inversiones. De esta manera la potencial expansión de nuestra economía sufriría un duro revés al verse privada de un recurso esencial para su desarrollo. La otra implicancia es de naturaleza esencialmente ecológica. Si bien en Argentina el gas cubre la mitad de la demanda energética, por su importancia relativa en el subsuelo como por ser ecológicamente hablando mucho más limpio que los combustibles líquidos, si las usinas térmicas sustituyeran la (17) combustión de gas natural por la de fuel o gasoil, el impacto de la polución sobre el ambiente y su consecuente deterioro serían alarmante. En consecuencia esto reclama una toma de conciencia por parte del gobierno y la adopción de una serie de medidas que pongan coto a tal situación.
3.3. LA RESPUESTA A LA CRISIS ENERGÉTICA.
A fin de hacer frente a la cuestión de la energía, el Gobierno Nacional propuso una serie de medidas aisladas que intentaron ser mostradas a la sociedad como un plan estratégico tendiente a enfrentar la crisis del sector.
a) Resolución Nº 265/2004, que consagra medidas de prevención a efectos de evitar una crisis de abastecimiento interno de gas natural y sus consecuencias sobre el abastecimiento mayorista eléctrico, así como la suspensión de la exportación de excedentes de gas natural que resulten útiles para el consumo interno.
b) Creación de ENARSA – Ley Nº 25.943.
c) Régimen de Inversiones de Infraestructura Básica de Gas durante el Proceso de Normalización del Servicio Público y creación del Mercado Electrónico del Gas (Decreto Nº 180/PEN/04)
a.- RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN DE GAS. La Disposición Nº 27/2004 de la Secretaría de Combustibles aprobó el Programa de Racionalización de Exportaciones de Gas Natural y del Uso de la Capacidad de Transporte. El investigador Ricardo Andrés De Dicco sobre la base de información de naturaleza pública determinó que durante el primer semestre de 2004, lejos de restringirse las exportaciones de gas, estas se triplicaron. A mayor abundamiento se acompaña el cuadro elaborado por el propio De Dicco que corrobora sus afirmaciones.
Argentina.
Evolución de la exportación de gas natural por sistema de transporte, para primer semestre, período 2000-2004 (millones de metros cúbicos)
Primer Semestre
Año Total Exportado Chile Brasil Uruguay
2000 2.518.696 2.501.417 1.854 15.425
2001 3.085.654 2.707.677 360.846 17.031
2002 3.097.836 2.706.101 381.079 10.656
2003 3.264.887 3.062.042 180.394 22.451
2004 3.512.226 3.299.215 160.240 52.771
Fuente: elaboración propia en base a datos operativos, varios años, publicados en el Sitio Web del ENARGAS: http://www.enargas.gov.ar.
Como se explicara a comienzos del presente informe, la desindustrialización del país y la falta de una demanda proveniente de diversos sectores de nuestra sociedad, impulsaron a las empresas dedicadas a la industria del gas a buscar la rentabilidad de sus operaciones en el mercado (18) exportador. Detectada la situación de debilidad del sistema energético argentino y a los fines de evitar posibles situaciones de falta de gas, resultaba necesario proceder a la ampliación del sistema de transporte y distribución del hidrocarburo el Gobierno Nacional apeló a la creación de un FONDO FIDUCIARIO destinado a hacer frente a las inversiones del transporte y la distribución del gas natural. Dicho Fondo fue constituido en el ámbito de las licenciatarias con el objeto de promover los objetivos establecidos en el art. 2 de la ley Nº 24.076, en particular todo lo relativo a impulsar la competitividad de los mercados y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo (inc. b). El fondo ha sido concebido como un patrimonio de afectación específico del sistema del gas cuyo objeto exclusivo es el financiamiento de obras de expansión del mismo. Su integración se produce a través de recursos provenientes de cargos tarifarios a pagar por los usuarios; de recursos provenientes de programas de crédito provenientes de organismos nacionales o internacionales y de aportes específicos realizados por beneficiarios directos. En ningún caso podrá estar integrado o constituido por bienes del Estado Nacional, previéndose la posibilidad de dividir el Fondo Fiduciario en tantos otros Fondos como se estime pertinente. Asimismo, el Decreto Nº 180/PEN/04 crea el denominado MERCADO ELECTRÓNICO DEL GAS que en los términos del art. 6 tendrá por objeto “...transparentar el funcionamiento físico y comercial de la industria de gas natural y coordinar en forma centralizada y exclusiva todas las transacciones vinculadas a mercados de plazo diario o inmediato (mercados "Spot"), de gas natural y a los mercados secundarios de transporte y de distribución de gas natural”
Dentro de este marco el Secretaría de Energía de la Nación, que depende del Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ha sido habilitado para arbitrar los recursos necesarios destinados a implementar el MERCADO ELECTRONICO DE GAS, debiendo definir el marco reglamentario y organizacional que necesario para ponerlo en funcionamiento. A tal efecto, el funcionario se encuentra facultado para acordar con la Asociación Civil Bolsa de Comercio de Buenos Aires o con otras entidades existentes de similar carácter que se muestren interesadas en participar tanto en la operación como gestión comercial del MERCADO ELECTRONICO DE GAS, la constitución de la sociedad que tendrá a su cargo cumplir las funciones que prevé la norma analizada. Asimismo, y ante la posibilidad que los acuerdos no logren concretarse, el Secretario de Energía tiene potestades para constituir la sociedad mencionada, estando obligado con posterioridad a transferir el capital accionario a todas aquellas entidades representativas del sector que manifiesten interés. (Art. 8 – Párrafo tercero- Decreto Nº 180/PEN/04) 19
A criterio de este equipo de investigación la norma que se comenta consagra un claro trasvasamiento de las funciones propias del estado en beneficio de intereses sectoriales.
4.GASODUCTOS
4.1.LOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO EN MAYO DE 2004 – EL MAL LLAMADO “PLAN ESTRATÉGICO ENERGÉTICO” En Mayo de 2004, como explicamos mas arriba en medio de la crisis energética, el gobierno anuncio la expansión del sistema de transporte de gas natural, en el marco de lo que llamó un Plan Estratégico para el Sector Energético. El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, afirmó en esa oportunidad -según reseño la pagina web oficial de la presidencia- que “algo está cambiando ya con seriedad en la Argentina, en pleno invierno del 2004 estamos iniciando las inversiones para poder afrontar con éxito y responsabilidad el invierno del 2005, poder tener una visión estratégica definitiva en el 2006 y 2007 para que definitivamente ya nunca más durante los próximos años tengamos que pensar en tener situaciones difíciles o complicadas en la situación energética”. En ese sentido, el primer mandatario destacó que “la ampliación del Gasoducto General San Martín, la ampliación de TGN nos va a posibilitar tener cerca de 6 millones de metros cúbicos más para el año 2005, lo cual nos va a colocar en una buena situación para afrontar la demanda que la Argentina y las necesidades de exportación que pueda tener, donde también es cierto que el crecimiento argentino va condicionando y va necesitando cada día mayor oferta energética”. En cuanto a las previsiones para el 2006, el presidente Kirchner sostuvo que “funcionando todo bien en la situación regional el Gasoducto del Noreste es una perspectiva muy importante y también por supuesto la ampliación del Gasoducto San Martín, lo cual nos estaría dando una muy buena situación”. Los hechos actuales se están encargando de desmentir lo que el Presidente dijo un año atrás: las perspectivas de mediano plazo no son buenas, y estamos bastante lejos de poder afrontar “con éxito y responsabilidad” el invierno de este año. En su momento Folgar –Subsecretario de Combustibles dependiente de Julio de Vido y responsable de la presentación de este Plan- detalló las obras que se realizarán: en el sistema TGN se traduciría esto en un incremento de 5 por ciento del suministro de gas. En tanto para el sistema TGS la capacidad resultante de la ampliación del sistema es de 2,9 millones de metros cúbicos por día, lo que representa un incremento del 4 por ciento de la capacidad disponible actual. En total las ampliaciones alcanzarían a 1.020.396 de metros cúbicos diarios para residenciales y comercios y a 4.679.604 para industrias y GNC, con lo cual se alcanzará un total de 5.700.000 metros cúbicos diarios entre ambos tipos de usuarios. Hasta aquí las promesas del Gobierno Nacional. En rigor de verdad, el conjunto de medidas que en ese momento se presentó y promocionó a la población como “Plan Estratégico de Energía” – (20) entre las que estaban la compra de fuel-oil a Venezuela, la compra de gas a Bolivia, la compra de electricidad a Brasil, la creación de la empresa “fantasma” Enarsa, la construcción de gasoductos que detallaremos a continuación y el
impresentable Plan de Premios y Castigos al consumo de energía llamado PURE- no fue más que un rejunte de medidas aisladas, coyunturales y en muchos casos equivocadas. Ante la crisis energética el gobierno de Kirchner solo mostró dos cosas: negación de la crisis como reacción para intentar evitar un deterioro de la imagen presidencial y una total improvisación y falta de gestión para hacer frente y paliar la misma. Así es como en Mayo 2004, confiando en la palabra del Presidente y de los funcionarios del Ministerio de Planificación, podíamos esperar tener un 2005 sin sobresaltos en lo que a suministro energético se refiere. La realidad se ha encargado de demostrar que, cuando menos, el Presidente estaba bastante equivocado, por las razones que detallaremos a continuación.
4.2. FINANCIAMIENTO Y FIDEICOMISOS ANUNCIADOS
A través del Banco Nación se anunció el establecimiento de dos Fideicomisos para financiar estas obras, uno privado y otro público. El primero sería para la construcción de las obras y tendrá una duración de un año, terminándose el día en que se ponga en marcha el gasoducto. El segundo serviría para el financiamiento del costo de la obra a largo plazo y tendrá una duración máxima de 12 años. La financiación de las obras, sostuvo el subsecretario de Combustibles en su momento, se realizará de la siguiente manera: Nación Fideicomisos SA (en calidad de agente financiero del Estado Nacional para este tipo de operatoria) estructurará los distintos Fondos Fiduciarios necesarios para llevar adelante los trabajos y el Estado Nacional aportará, bajo la forma de un crédito puente, los fondos necesarios para el inicio de las obras y se retirará de la financiación de este proyecto a medida que se coloquen títulos entre los distintos actores privados involucrados. Es decir que el riesgo inicial de estas inversiones es cubierto mayoritariamente con fondos públicos del Estado Nacional, y sólo en tanto y en cuento las empresas privadas encuentren atractivo el negocio podrá ir disminuyendo el alto nivel de compromisos y exposición financiera original del Sector Publico. Asimismo se afirmó que TGN aportará aproximadamente el 11 por ciento del costo de la obra respectiva y TGS aproximadamente el 20 por ciento mientras que a través del BICE se gestionará la financiación de la compra de la cañería necesaria, la cual equivale aproximadamente al 35 por ciento de cada
obra. El repago de toda esta estructura financiera según el esquema propuesto estaba dado por la propia demanda de gas natural y garantizado, y por los ingresos generados por las nuevas retenciones creadas en ese momento sobre distintos bienes energéticos. Es decir que en último 21 término el costo de las obras recaería sobre los diversos niveles de la escala de usuarios del gas dentro del territorio nacional. Este esquema originalmente presentado, ya de por si intrincado, se complicó bastante más con el correr de los meses. Aparecieron nuevos actores, desde las provincias hasta el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, y es así como el Estado Nacional resolvió salir de garante de estas obras. Intentaremos más adelante poner blanco sobre negro en el modo en que finalmente se resolvió la cuestión referente al financiamiento.
4.3. El PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACION DE LOS GASODUCTOS
La improvisación y la presentación sobre la marcha del Plan Estratégico y con ello de las obras necesarias para concretar la enunciada expansión de la red de gasoductos generaron demoras –las que subsisten hasta hoy- en la concreción de las medidas necesarias para enfrentar con relativo éxito la crisis. Con casi dos meses de atraso, a principios de Enero de 2005 se conocieron las ofertas para las obras destinadas a aumentar en 2,9 millones de metros cúbicos la capacidad de transporte de TGS. Por una exigencia impuesta por el banco estatal de Brasil BNDES—que aportó los recursos para financiar el 50% de la inversión original prevista en U$S 285 millones—, el control mayoritario de los grupos oferentes debía estar en manos de empresas brasileñas. Así es como la pulseada por las obras quedó planteada entre dos consorcios: Por un lado, Odebrecht, que se asoció con las locales Techint y Skansa, y por otro lado, Camargo Correa, que llevó como acompañante a la firma Iecsa del grupo Macri. Tras la apertura de los sobres, los funcionarios se encontraron con lo que puede llegar a parecer una fuerte traba económica, pero que en verdad es moneda corriente en los procesos licitatorios que están bajo la órbita de incumbencia del Ministro Julio de Vido. En lugar de ceñirse al presupuesto original y al fideicomiso armado por U$S 285 millones, las ofertas superaron en casi un 40% los valores previstos. Es decir que todas las firmas que se presentaron a esta licitación exigieron sobreprecio sobre lo originalmente presupuestado, en lo que puede llegar a interpretarse como un hipotético acuerdo interempresario. Surgió entonces la cuestión de cómo solventar los U$S 50 millones adicionales que faltarían para cubrir el costo total de la inversión. Con la ampliación de TGN (Transportadora de Gas del Norte), también se registra una situación similar. Las ofertas superaron un 30% el presupuesto original de U$S 170 millones. Ante tal sobrecosto respecto al presupuesto original, los funcionarios le “exigieron” a los contendientes que mejoren las cotizaciones. En la segunda ronda, Odebrecht-Techint –consorcio que finalmente resultaría adjudicatario presentó la oferta más baja y el Gobierno convalidó la contratación de los 22 trabajos. Vale destacar que esta oferta, aún cuando más baja que la de la competencia, implico un aumento cercano al 20% del original. En estos términos la oferta fue aceptada por el Gobierno Nacional. Subrayamos así una operatoria repetida en los procesos de licitación pública: ante un presupuesto original todas las empresas se presentan ofreciendo costos superiores en grandes magnitudes a los presupuestados, subiendo así automáticamente el costo de la licitación. Lo peor de esto no es tan sólo el accionar de las empresas, sino que por algún motivo que no queda del todo claro el Gobierno Nacional convalida los sobreprecios y adjudica las obras a empresas que piden más dinero del originalmente pautado. El accionar inescrupuloso de las empresas se ve apañado por una actitud cómplice del Poder Ejecutivo.(La misma matriz fue denunciada en el Informe de este equipo de investigación sobre Obra Pública en la Prov. de Santa Cruz) Ante la situación que acabamos de describir, se nota mucho más nítidamente el rol que juegan los funcionarios y los Entes de Control. La Resolución de estas adjudicaciones, el control de las ofertas y el control de la ejecución de las obras están bajo la órbita de la Secretaría de Energía y del ENARGAS. Es decir, están interviniendo funcionarios ligados al Ministro de Vido y los cuestionados Directores del Ente que ya denunciamos ha sido totalmente vaciado. El Poder Ejecutivo tiene control absoluto sobre estas instancias de decisión, y todo lo que ocurra en ellas es su responsabilidad. Funcionarios incapaces y adictos al poder de turno y Entes de Control insolventes técnicamente y sin independencia política configuran la contracara institucional necesaria que permite que sobreprecios y manejos oscuros de licitaciones sean llevados adelante. No se trata sólo de incapacidad estatal ni tan sólo del achicamiento del Estado de los 90: estamos aquí ante funcionarios que son cómplices en estos negocios. Más allá del perjuicio económico para las arcas públicas que estos sobreprecios implican, conllevan también la necesidad de recalcular los "cargos tarifarios extras" que se aplicarán para repagar la inversión a las industrias, comercios, usinas térmicas y estaciones de GNC. Inicialmente, el cargo adicional sobre la tarifa de transporte que se barajó para los principales beneficiarios de la obra oscilaba entre el 30% y 40%. Pero ahora por el impacto del mayor costo de la obra, dicha cargo extra podría acercarse al 50% promedio. En términos contundentes: el sobreprecio se traducirá en mayores tarifas para los usuarios.
4.4. LA ADJUDICACIÓN
Con los retrasos citados – que implican que la situación energética en lo referido al sistema de transporte de gas será igual para 2005 que lo que fue en el año anterior-, los problemas de financiamiento y los sobreprecios registrados en las ofertas, el gobierno nacional procedió a adjudicar las obras 23 de ampliación de los Gasoductos gestionados por TGS y TGN en Febrero pasado. El grupo Techint se convirtió en el gran ganador de las ampliaciones de los gasoductos, al acaparar la mayor parte de las obras y la provisión de equipos que implican un negocio de US$ 500 millones. El Gobierno decidió adjudicarle a Techint la totalidad de las obras civiles para la ampliación de la red de TGS y cerca del 75% de la construcción de los nuevos tramos previstos para TGN. Reiteramos que en ambos casos las ofertas de Techint aceptadas por el Ministerio de Planificación Federal superaron los límites presupuestados del llamado a Licitación. Además de quedarse con las obras de los nuevos tramos del gasoducto que une Tierra del Fuego con Buenos Aires, Techint será la proveedora de todos caños que se necesitan para cubrir los 495 kilómetros de ampliación. El 70% de las tuberías fue adjudicado a Consab —la filial brasileña de Techint— y el 30% restante a la local Siat, que también está bajo el control del grupo de los Rocca. Por el lado de TGN, Techint se alzó con tres de los cuatro tramos en que fue dividida la obra. Al igual que la licitación de TGS, las ofertas iniciales habían superado en un 30% el presupuesto original de U$S 170 millones. Luego de las mejoras que presentaron las cuatro competidoras, las obras quedaron en manos de Techint y Skansa y con un nuevo valor total de U$S 190 millones, 20 millones de dólares más que lo que originalmente debía costar la obra.
4.5.. LA CUESTIÓN DE LAS GARANTÍAS FINANCIERAS
El Gobierno dará garantías por hasta 1.000 millones de pesos para la ampliación de la capacidad de transporte del Gasoducto del Sur y las obras de ampliación del Gasoducto del Norte. La garantía de los 1.000 millones cristalizada en Enero fue fijada en Noviembre pasado, cuando, por decreto, se decidió capitalizar el Banco Nación, con aportes del Tesoro, en 1.900 millones de pesos. La aprobación de esas garantías figura en la Resolución 16 del Ministerio de Economía del 12 de Enero de 2005.Tal Resolución, y en virtud del Decreto N° 1687 de fecha 30 de noviembre de 2004 otorga expresas facultades a Economía para afectar hasta mil millones de pesos a la capitalización del Banco Nación, a los fines de garantizar las operaciones crediticias vinculadas con la construcción de obras de infraestructura en el sector del gas. De más está decir que esta decisión esta respaldada por la firma del Ministro Roberto Lavagna. El destinatario de esa garantía es el Banco Nación, quien recibirá títulos públicos que servirán como prenda de los créditos por 248 millones de dólares, con un tope de hasta 1.000 millones de pesos, que debe otorgar para las obras de infraestructura de gas. Ocurre que el Nación es el garante ante el Banco Central del financiamiento externo del gasoducto, donde están asociados la Transportadora de Gas del Sur, Petrobras Energía y Petróleo 24 Brasileiro. Una parte sustancial del dinero para la construcción –en la forma de fideicomisos- vendrá del brasileño Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), que exigió seguridades o garantías de que recuperará sus créditos. Estamos ante una situación donde el Estado se coloca como garante de una inversión de riesgo realizada por empresas privadas extranjeras, de forma tal que si la misma resulta rentable el empresario recogerá las ganancias, pero en caso de fracasar será el Estado Argentino a través del Banco Nación quien deberá cumplir con los compromisos caídos. Pero no debe dejarse de tener en cuenta que la garantía de los hasta 1.000 millones de pesos involucrados implican un aumento de las Obligaciones a cargo de Tesoro Nacional público. El Gobierno Nacional para evitar que esa decisión altere la Ley de Solvencia Fiscal –votada a instancias del mismo- y a través del decreto de necesidad y urgencia 16/2005, se consideró que esa suma de dinero quedaba al margen del cálculo a los fines de determinar el incremento de la deuda. Vale destacar que estamos ante una compleja operación financiera, a través de la cual el Gobierno entrega al Banco Nación –en su calidad de agente financiero del Estado- títulos de Deuda de 1998 por 1000 millones de pesos en concepto de garantías, las cuales, en caso de tener que ser utilizadas paras cubrir algún tipo de incumplimiento privado, no tienen forma de ser recuperadas para el patrimonio del Estado Nacional. Amén de esto, esta garantía potencialmente irrecuperable es dejada arbitrariamente por fuera de la Ley de Solvencia Fiscal. Esta forma de esconder recursos y evadir responsabilidades es moneda corriente en la gestión Kirchner. Por un Decreto se esconde la verdadera situación patrimonial de Estado y se desvían recursos hacia fines diferentes a los originalmente comprometidos. Las arcas públicas se muestran una vez más fuera de todo control –ya que el Decreto desecha la participación del parlamento- y bajo la total discrecionalidad del Poder Ejecutivo y sus necesidades coyunturales, tanto políticas como “de caja”. Los recursos públicos no se manejan en consonancia con las reglas de la república, sino bajo las estrictas normas de conveniencia del poder de turno.
4.7.EL DEMORADO INCIO DE LAS OBRAS y LA IMPREVISIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL
Los problemas en el diseño de las licitaciones, sus sobreprecios, las garantías financieras y su adjudicación; en pocas palabras: la impericia y la probable corrupción del gobierno hicieron añicos la promesa oficial de tener obras en un estado de ejecución importante para el invierno de
2005. Durante el acto de constitución del fideicomiso el 17 de febrero del gasoducto patagónico participó el presidente del Ente Nacional de Regulación 25 del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, personaje a quien ya citáramos. Este afirmo que "estamos previendo un ritmo de avance de obras de dos kilómetros por día de gasoducto, con lo cual esperamos terminar en mayo del año próximo". Promesas similares ya han sido pronunciadas e incumplidas por funcionarios de la Administración Kirchner. En el caso de la TGN por la demora en las obras se prevé arribar al invierno sólo con el 50% de la ampliación de 1,8 millón de metros cúbicos terminada, y este es un pronóstico más que optimista y para cuya confirmación deberían comenzar de inmediato las obras. En el caso de TGS, más allá de las medidas que adopten las autoridades, el atraso de la obra ya no podrá recuperarse. Si los trabajos arrancan en marzo, sólo se llegaría a habilitar antes de junio un tercio de la ampliación total de 2,9 millones de metros cúbicos anunciada por el Gobierno nacional hace apenas un año atrás, según calculan los expertos. Esta sumatoria de impericia e irregularidades, que implicaron el retraso de la obra, no sólo pone la luz la ya denunciada total falta de un plan energético y la palmaria imprevisión e incapacidad con que el Gobierno Nacional enfrentó la crisis energética, sino que además, y mucho más grave aún, dejan al país –al igual que un año atrás- al borde de una crisis por el colapso en la oferta, generación y distribución de energía.
5.8. PERSPECTIVAS
El 2005 será complicado para el abastecimiento energético. Así lo afirma el Informe de Riesgos del Mercado Eléctrico Mayorista para los próximos dos años, elaborado por Cammesa, la entidad que rige el sistema de generación, transporte y distribución argentino, integrada las empresas y el Gobierno, y presidida por el Secretario de Energía Cameron. El estudio afirma que, para mantener bajo el riesgo de cortes de energía eléctrica, se necesitan este año unos 6 millones de metros cúbicos de gas por día de servicio firme adicionales a los ya disponibles. Si esto se cumple, y llueve lo suficiente y la temperatura es benévola, hay sólo entre un 5 y un 8% de posibilidades de que se desencadenen cortes de luz por al menos un mes. Para un escenario con interrupciones por menos días -entre una y tres semanas, por ejemplo-, las probabilidades son mayores al 8 por ciento. Recordemos que este escenario se ha desarrollado siempre según la idea que el suministro de gas se amplíe, hecho bastante difícil por la situación ya descripta en el acápite anterior. El panorama se agrava para el año próximo. Según el estudio, será indispensable contar con gas suficiente sin la necesidad de recurrir a combustibles alternativos como fuel oil o gasoil, insumos que las centrales eléctricas utilizaron el año pasado y prevén emplear también en 2005. En las condiciones actuales, las posibilidades de cortes de luz durante un mes en 2006 serán de entre un 18 y un 34 por ciento. Lo verdaderamente crítico es 2007, el horizonte problemático que trazan todas las compañías eléctricas. La razón de Cammesa es que ése será el momento en que empezará la real escasez de energía eléctrica. Hasta ahora, 26 todas las fallas en el sistema -el año pasado se debió bajar la tensión 5% durante 24 horas y el Gobierno debió comprar con urgencia fuel oil venezolano e importar electricidad de Brasil- se produjeron por falta de gas, principal insumo de las usinas. Pero ya en 2007 empezará a notarse la falta de inversión en equipos de generación. El informe advierte que la Argentina deberá tener, para entonces, un equipamiento básico con al menos 1200 megavatios/hora más de lo que exhibe en la actualidad. A mayor abundamiento en al preocupante situación en la que enfrentamos, queremos citar las declaraciones del Ing. Víctor Schmale - Presidente del Instituto del Petróleo y Gas- realizadas el 13/12/04. «La evolución de las reservas de petróleo (...) vienen sostenidamente disminuyendo hasta alcanzar los 425,21 millones de metros cúbicos en 2003, con una relación reservas/producción de 9,87 años» afirmo «Observando la matriz energética primaria de la Republica de Argentina como promedio de los últimos años, surge una elevada participación del gas natural que alcanza al 47%, lo sigue el petróleo con el 40,5%, la hidroelectricidad con el 6 %, la energía nuclear con un 2%. Se hace necesario destacar que la energía primaria que se consume en el país es altamente dependiente de los hidrocarburos con participación del 87,5% circunstancia esta que puede poner en dificultades el crecimiento del país si prontamente no se encara el tema como parte de un plan integral de crecimiento» El Estado argentino parece desconocer no solo su actual volumen de reservas gasíferas sino que además tampoco tiene control alguno sobre el tránsito y la meta final del fluido que atraviesa su territorio. Mucho menos es capaz de establecer un control sobre las ganancias por exportaciones que perciben las petroleras ni develar la verdadera identidad de la ingeniería financiera y societaria de las grandes compañías que operan en el sector. En este orden de ideas debe enmarcarse la cuestión de las Islas Malvinas y sus recursos naturales. Desde el polémico Informe Shackleton, desarrollado en la década del 70, se ha discutido acerca de la existencia de cuantiosos recursos naturales de alto valor proteico como la eventual presencia de hidrocarburos en la zona de las islas Malvinas. Tal circunstancia fue ampliamente difundida en las décadas siguientes al punto de sostenerse que las reservas de hidrocarburíferas presentes en el subsuelo marino del Atlántico Sur eran muy superiores a las existentes en el Mar del Norte. Desde 1996 los malvinenses, al amparo del gobierno británico, vienen realizando una serie de investigaciones en distintas áreas en el mar adyacente a las Islas. Así varias perforaciones (Malvinas Occidental, Norte, Sur y Plateau) han arrojado la existencia de petróleo y gas. Si bien ninguno de los pozos ha permitido hasta el momento corroborar la existencia de acumulaciones hidrocarburíferas comercialmente explotables, revelaron valiosa información sobre la cuenca vaticinando un futuro alentador. Debe recordarse que el 27 de septiembre de 1995, la Argentina suscribió con Gran Bretaña la denominada “Declaración Conjunta de Cooperación sobre Actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental”, con 27 el fin de cooperar y alentar actividades “off shore” para la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas del Atlántico Sur. Sin profundizar aquí acerca de la naturaleza de la Declaración precitada y sus perniciosos efectos para con el reclamo de soberanía que la Argentina esgrime sobre el territorio
austral de Malvinas 14, creemos de capital importancia dejar planteado en este informe la problemática relacionada con una eventual existencia de yacimientos de gas y petróleo que justifiquen una explotación comercial como forma de contribuir al afianzamiento de nuestros derechos soberanos en el Atlántico Sur y debatir cuestiones vinculadas con la explotación de recursos estratégicos para el crecimiento de la Argentina. El derecho de nuestro país sobre las islas y la existencia de un panorama energético vulnerable para la Argentina, la eventual concreción en un futuro cercano de una cuantiosa riqueza hidrocarburífera debe ser un tema presente de nuestra agenda nacional e internacional. Obsérvese que los eventuales yacimientos que se descubran en la cuenca de Malvinas por derecho le corresponde a nuestro país pero su explotación sería concedida a empresas privadas que actuaran al amparo de una potencia usurpadora, toda vez que las empresas argentinas tienen vedada su participación en el vasto proceso de exploración y explotación que vienen desarrollando los malvinenses 15. Con todo, 24 horas después de que Cameron admitiera la inminencia de un año difícil, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, buscó dar tranquilidad. "Está asegurada la provisión de electricidad y gas para 2005. Estamos llevando adelante el plan energético anunciado el 11 de mayo de 2004. Estas medidas garantizan a todos los argentinos las seguridades que no nos brindaron otras formas de administrar la ecuación energética en la Argentina."
4.9.CONCLUSIONES REFERENTES AL TEMA DE LOS GASODUCTOS
Estas declaraciones de Julio de Vido, a la luz de los hechos incontrastables que ya hemos mostrado en este informe, dan lugar a dos interpretaciones: o el Gobierno Nacional desconoce la situación de crisis –ante 14 Siendo un tratado internacional en los términos de la Convención de Viena la Declaración Conjunta, entre otras cosas, conllevó a un debilitamiento de nuestro país en la mesa de negociaciones con Gran Bretaña, al permitir a los británicos acceder a aguas territoriales, ubicadas al oeste del archipiélago, que no se encuentran en disputa; habría un reconocimiento hacia Gran Bretaña para fiscalizar las actividades en la zona (poder de policía); etc. 15 Catorce empresas reunidas en siete grupos, se anotaron en la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, para confirmar o rechazar el mito de la riqueza mineral de las Malvinas. Los seis pozos abiertos revelan que al menos una de las muestras contiene gas y otra refleja la presencia de petróleo, pero resta determinar si en las cantidades suficientes para justificar una explotación comercial. En el año 2002 los malvinenses iniciaron la política denominada "Open Door" a través de la cual las compañías petroleras pueden acceder a áreas de exploración y explotación petrolera sin necesidad de mediar proceso licitatorio alguno. Así las cosas, el consorcio liderado por Global Petroleum obtuvo diez licencias sobre una serie de bloques ubicados en la Cuenca Malvinas Sur y en la denominada Plateau Malvinas ubicada hacia el este del archipiélago en dirección a las islas Georgias. 28 lo cual sería responsable por negligencia- o lo que parece más probable, actúa una vez más como ya nos tiene acostumbrados: esconde los problemas lo más que puede, se dedica a hacer marketing en lugar de gestionar soluciones, y una vez que explotan las situaciones se apura a presentar ampulosos “Proyectos Estratégicos” o “Planes Integrales” que no son más que conjuntos de “parches” y medidas coyunturales que en muchos casos ni siquiera sirven cuando menos para paliar la situación. Concluimos esta acápite con un panorama oscuro. Ante la crisis del 2004, el gobierno primero la negó y luego se dispuso afiebradamente a lanzar medidas, entre las que sobresalía la construcción de nuevos gasoductos y la ampliación de la red existente. Pero en tal sentido lo que ocurrió de hecho fue que se llevaron adelante licitaciones irregulares, se hicieron adjudicaciones con sobreprecios y se endeudó al Estado Nacional usando sus recursos como garantía de las obras sin control de ningún tipo. Esta serie de acontecimientos, cubiertos con el ya citado manto de impunidad que garantiza el Poder Ejecutivo y los organismos de control fue lo que hizo el Gobierno ante la crisis, mientras las obras que podrían haber evitado la mismo que hoy está en ciernes siguen en el plano de los proyectos.
5.Empresas y Empresarios:
La información analizada en el presente acápite ha sido recogida, en parte, del artículo “los productores de gas natural y sus prácticas oligopólicas en el mercado energético argentino” perteneciente al investigador Ricardo De Dicco. Al analizar la operatoria de las empresas prestadoras del servicio de gas natural, en los subsistemas Norte y Sur de transporte con las respectivas prestatarias de distribución y propietarias de gasoductos de exportación, nos encontramos con la participación de los productores gasíferos en la propiedad de distintas firmas transportistas y distribuidoras de gas natural, así como también en diversas compañías que operan en disímiles segmentos del mercado energético y en actividades productivas. Es decir, el problema es que en diversos segmentos de la cadena productiva están involucrados los mismos actores, dándose así una integración vertical empresaria que favorece la concentración de la industria y el poder oligopólico de las empresas involucradas en la misma. Todo esto se encuentra demostrado en el presente trabajo de investigación, con total anuencia del Poder Ejecutivo que ha desnaturalizado su rol de control para instituirse como facilitador de las decisiones de estos conglomerados empresarios, a pesar de sus prédicas televisivas y en desmedro de los intereses del conjunto de los argentinos.
REPSOL
La firma Repsol YPF representa hoy el conglomerado energético más importante de Argentina. 29 La estructura de su capital social se conforma de la siguiente manera: 35.3% inversionistas estadounidenses, 23% inversionistas españoles y accionistas del resto del mundo, entre los que se destaca el grupo perteneciente al Banco BBVS y la petrolera mejicana PEMEX. Este consorcio es en la actualidad el propietario más importante de las reservas probadas de petróleo y gas natural de Argentina, así como también el principal productor y exportador de gas y petróleo, constituyéndose con esto en un factor importante en la economía de nuestro país, capaz de regular y establecer los precios y condiciones del mercado. En el segmento del gas natural:
• Opera en los eslabones distribución (para el mercado interno) y transporte (para la exportación a Chile):
• Controla el 72% del capital social de la prestataria de distribución Gas Natural BAN SA, y con el mismo porcentaje a MetroGAS SA, es decir, las distribuidoras de gas natural que abastecen a los aglomerados urbanos más grandes y a su vez con mayores necesidades energéticas del país.
• Es propietaria de los gasoductos de exportación Methanex YPF y Atacama (éste último a través de Astra Evangelista y Pluspetrol Energy, empresas controladas por Repsol YPF en un 100% y 45%, respectivamente),
• Participa como accionista en otros dos gasoductos de exportación: Pacífico (9.8%) y GasAndes (13%, a través de MetroGAS)16. En relación a la importación de gas natural boliviano, es importante destacar que la citada firma concentra en Bolivia el 35.1% de los bloques de explotación de gas, a través del 25.7% de Empresa Petrolera Andina SA (controlada en un 50% por Repsol ) y del 9.4% de Maxus Bolivia Inc. (con sede en Islas Caimán; controlada en un 100% por Repsol ).
Otras actividades en donde se desenvuelve éste agente económico son:
• el fraccionamiento y comercialización de GLP, opera por medio de las empresas COMSERGAS SA y Poligas Luján SA, donde tendría participación accionaria.
• el fraccionamiento y comercialización de gas, con las empresas Compañía Mega SA y Natural Energy SA
• en la ingeniería, construcción y explotación de oleoductos y logística de productos derivados, con Oleoductos del Valle SA (37%, más 11.9% de Pluspetrol Energy y 7% de Astra Evangelista), Oleoducto Transandino Argentina SA (100%), Terminales Marítimas Patagónicas: Termap (33% en acciones clase B) y Astra Evangelista (100%).
16 De Dicco, Ricardo (2004), “Los productores de gas y sus prácticas oligopólicas en el mercado energético argentino”-País Global.. Informe del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador. Buenos Aires. 30
Repsol YPF es el principal exportador del país y en 2003 las ventas al exterior alcanzaron los U$S 2580 millones. El 44% de las exportaciones son commodities ( mercancía con precio fijado a nivel internacional), como petróleo crudo y gas natural, mientras que el 56% restante corresponde a productos procesados en refinerías de Repsol YPF en el país. La compañía llega a más de 20 países, y sus principales destinos son Brasil, Paraguay, Chile y Estados Unidos. El año pasado la empresa anunció un plan de inversiones por U$S 5.700 millones entre 2003 y 2007 que serían destinados a exploración, producción y refinación de petróleo y producción de gas. Alfonso Cortina, por entonces presidente de Repsol YPF, sostuvo que "las inversiones en la Argentina son de largo plazo". Y agrego que "después de una de una de las mayores crisis económicas y sociales que ha padecido el país, la compañía mantuvo un importante nivel de inversiones, lo que nos ha permitido consolidar, e incluso en algunos casos incrementar la actividad y la participación en el mercado". En 2003 la compañía alcanzó una producción récord en el yacimiento gasífero Loma La Lata, provincia de Neuquén, con una extracción promedio de 47 millones de metros cúbicos por día. El 22,7% de las exportaciones de gas natural provienen de este yacimiento y llegan principalmente a Chile y al sur de Brasil.17

PETROBRÁS
La explotación argentina de Petrobrás, representa un porcentaje importante en la producción total de gas y petróleo de Petrobras Brasil. Al adquirir Pecom, perteneciente a Gregorio Pérez Companc, Petrobras se ha convertido en el cuarto propietario de reservas probadas de gas natural, en el cuarto productor y en el séptimo agente económico exportador de este hidrocarburo en el país; además, ingresó como accionista de la licenciataria de transporte de gas natural con el mayor sistema de transporte de Sudamérica (7.418 km de gasoductos y 520.000 HP de potencia de compresión instalada):
TGS SA ( Transporte Gas del Sur S.A.) (35% directamente e indirectamente 50% del capital social a través de GASINVEST). 18 Por otra parte, opera en otros eslabones de los circuitos productivos del petróleo y de suministro eléctrico:
• 23.10% de participación en Oleoducto del Valle SA (oleoducto que transporta el 33% del petróleo crudo producido en el país);
• propietaria de la Central Termoeléctrica Genelba (Provincia de Buenos Aires);
• propietaria de la Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú (Provincia del Neuquén);
17 Revista Fortuna Edición 0038
18 De Dicco, Ricardo (2004), “Los productores de gas y sus prácticas oligopólicas en el mercado energético argentino”-País Global.. Informe del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador. Buenos Aires. 31
• 9.19% de la Central Hidroeléctrica Piedra del Águila SA (a través de Hidroneuquén SA);
• 29.3% Central Hidroeléctrica Urugua-í
• 49.99% de TRANSENER SA (a través de CITELEC), empresa que opera el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que cuenta con 8.250 km de líneas de transmisión de 500 kV y 570 km de líneas de transmisión de 220 kV, 32 estaciones transformadoras y equipos de interconexión del SADI (cabe señalar que TRANSENER controla en un 90% a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA -TRANSBA-);
• EDESUR SA, concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica en el sur y centro de la Ciudad de Buenos Aires y sudeste del conurbano bonaerense (aproximadamente el 17% de la población del país), es controlada por Distrilec Inversora SA, firma en la que Petrobras Energía participa con el 48.5% del capital social.

PAN AMERICAN ENERGY
El conglomerado extranjero Pan American Energy LLC Argentina, producto de la fusión de Amoco (más tarde fusionada con la BP, y ahora BPAmoco) y Bridas en Argentina, es otra de las principales compañías petroleras que forma parte del sector energético argentino. Los accionistas son Bridas (40%) y British Petroleum-Amoco (60%)
La Compañía tiene una importante superficie exploratoria total neta. Comercializa más de 24 millones de barriles de crudo anuales. El 60% de esa producción se procesa en refinerías argentinas y el 40% restante lo exporta principalmente a países de la región y a los Estados Unidos. Actualmente, las ventas de gas natural representan el 9% del mercado argentino.19
En el segmento gas natural, Pan American Energy posee:
• el 12.2% de las reservas probadas de este hidrocarburo, ubicándose así en el tercer lugar;
• es el tercer productor del país, participando con el 10.2%;
• concentra el 9% de la exportación de gas natural, es decir, el segundo exportador gasífero en grado de importancia económica. Las reservas hidrocarburíferas argentinas que posee Pan American Energy importan a nivel de sus reservas mundiales: se ubican en las cuencas NOA (segundo propietario de reservas de gas: 24.3%), Austral (quinto propietario: 15.7%), Neuquina (séptimo propietario: 1%) y Golfo San Jorge (propietario más importante: 64.4%), y en la boliviana Tarija (séptimo propietario: 6.4%). El 71.4% de la producción hidrocarburífera de la Pan American proviene de Argentina y Bolivia. También se (19 Página Web. www.panamericanenergy.com 32) encuentra realizando exportaciones de gas natural desde el extremo Sur de Argentina a Chile, a través del gasoducto Methanex Pan American. Asimismo, esta empresa tiene participación accionaria en empresas de transporte y distribución del gas natural de Argentina y Uruguay, como ser: 14.5% en la licenciataria de distribución GASNEA (Arg.), en la distribuidora de gas uruguaya GASEBA y en el gasoducto de exportación Cruz del Sur (Buenos Aires-Montevideo). La participación estratégica también se extiende a empresas generadoras de electricidad de Argentina y Bolivia: Central Termoeléctrica Dock Sud SA (Argentina) e Inversora Bulo Bulo SA (Bolivia). Por otra parte, Pan American Energy tiene participaciones en el oleoducto ODELVAL SA (el único oleoducto que conecta la cuenca Neuquina con el Océano Atlántico) y en dos terminales de almacenamiento y carga marítima que concentran la producción de la cuenca Golfo San Jorge: TERMAP SA cuenta con boyas de carga en Caleta Olivia y en Caleta Córdova.

TOTAL AUSTRAL S.A
Esta empresa de capitales franceses se encuentra operando en nuestro país hace veinte años, iniciando su actividad en la provincia de Tierra del Fuego, para luego operar en toda la Patagonia. Concentra aproximadamente el 23.4% de las reservas probadas de gas natural localizadas en la cuenca Neuquina. Es por ello, que Total Austral ocupa el segundo lugar en la concentración económica de la producción de gas natural:con el 23.4% y el tercer lugar en la correspondiente a la exportación de este hidrocarburo 7.8%. Asimismo, esta Empresa tiene participación accionaria en :
• licenciataria de transporte TGN SA (19.22%, a través de GASINVEST), que cuenta con un sistema de transporte de 5.406 km y 300.170 HP de potencia compresión instalada;
• el gasoducto Pacífico que opera TGS (para la exportación de gas a Chile);
• el gasoducto GasAndes (56.5%) que opera TGN (también para la exportación a Chile);
• el gasoducto Uruguayana (33%), a través de Transportadora de Gas del MERCOSUR -TGM-, que opera TGN (para la exportación de gas a Brasil); (e) y, por medio de Total Austral, en la Central Hidroeléctrica Piedra del Águila (70.02% a través de Hidroneuquén).
Asimismo, Total Austral S.A concentra el 20.5% del mercado de gas licuado de petróleo (GLP), ubicándose en el segundo lugar, a través de su otra subsidiaria argentina: Total Gas. 33

TECHINT Y TECPETROL
En el sector energético el grupo Techint opera a través de su controlada Tecpetrol,. Esta firma concentra el 4.9% de las reservas probadas de gas natural de Argentina, ubicándose como el quinto propietario más importante. También es el quinto productor gasífero, participando con el 5.8% del total. Sus principales reservas de gas natural se ubican en las cuencas NOA (tercer propietario: 23.2%) y Golfo San Jorge (cuarto propietario: 5.9%). Tal como expone su página web, la firma Tecpetrol ha iniciado a fines de los '90 una diversificación productiva, orientando su estrategia a la incorporación de mercados extranjeros (desafectando activos locales): Bolivia (gas en cuenca Tarija), Ecuador (petróleo en cuenca Oriental), Venezuela (petróleo en cuenca Maracaibo), Perú (gas en cuenca Camisea), México (exploración), y posee filiales en Brasil, Colombia y Uruguay. Del total de las reservas hidrocarburíferas que son de su propiedad, el 53% se ubican en Argentina, correspondiendo el 47% restante a los países latinoamericanos antes mencionados. Con relación al gas natural que produce en Argentina, el proveniente de la cuenca Neuquina tiene como destino consumidores industriales, y el producido en la cuenca NOA es entregado a TGN con destino a clientes, distribuidoras de gas y consumidores industriales (entre los cuales, los pertenecientes al grupo Techint, como Siderca y Siderar); siendo exportado parte del mismo a Chile, para abastecer centrales termoeléctricas. Techint, además de ser la empresa constructora de los gasoductos con destino a la exportación, participa en la propiedad de los siguientes:
• Norandino (a Chile)
• Uruguayana (22%) por medio de TGM (a Brasil).
• Accionista de Transportadora de Gas del Norte SA (TGN), a través de GASINVEST, con el 19.22% de las acciones, en la licenciataria de distribución Litoral Gas SA a través de TIBSA, con una participación del 30%, y en Oleoductos del Valle (con 2.1%) y Oleoducto de Crudos Pesados (este último en Ecuador) a través de Tecpetrol y Tenco, respectivamente.
Asimismo, asociado con la firma IECSA y a capitales Brasileros participa de la ampliación del gasoducto San Martín, operatoria analizada en la presente investigación. En suma, el grupo económico Techint opera en toda la cadena gasífera argentina: oferta energética primaria, transporte, distribución y consumo industrial, así como también en los eslabones exploración, explotación y transporte del segmento petrolero y fabricante de cañerías para gas. 34

TERMAP (terminales marítimas patagónicas)
La composición accionaria de esta empresa se encuentra distribuida de la siguiente manera:
Accionistas clase “A”
Pan American Energy 31.71%
Sociedad Internacional Petrolera 13.79%
Total Austral S.A 7.35%
Depetrol 4.20%
Capsa 3.50%
Vintage Oil 3.15%
YPF 3.15%
Shell-Capsa 3.15%
Accionistas Clase “B”: YPF 30%
TERMAP S.A. opera desde febrero de 1994 las terminales de Caleta Córdova y Caleta Olivia ubicadas en las provincias de Chubut y Santa Cruz, respectivamente. Ambas terminales reciben el crudo de los distintos yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge que equivale aproximadamente al 35% de la producción del país. El petróleo es almacenado y preparado para ser bombeado a los buques tanques, de hasta 160.000 toneladas de Porte Bruto, que amarran en las monoboyas distantes a 3.500 metros de la costa por el personal de TERMAP. Mensualmente TERMAP S.A. recibe de los productores de la Cuenca del Golfo San Jorge un volumen promedio aproximado de petróleo crudo de 1.250.000 m3. Este volumen de petróleo constituye aproximadamente el 33,4 % del producido en el país.
Esta empresa es emblemática para las lucha de los desocupados de la región quienes fueron brutalmente reprimidos por la Gendarmería y la Policía de la Provincia de Santa Cruz, cuando tomaban la planta de la empresa reclamando a las autoridades locales el cumplimiento de sus promesas de campaña. El recuento cronológico de los hechos indica que todo se inició cuando los trabajadores desocupados, que a finales de agosto habían tomado la playa de tanques de Termap, decidieron retomar el reclamo porque las petroleras y el gobierno santacruceño no habían cumplido con los acuerdos realizados. Aquí el trato dispensado a los desocupados de la región que reclamaban ante el consorcio de empresas petroleras mas importantes del país, fue 35 absolutamente distinto al que le brindó el Presidente Kirchner a los piqueteros oficiales en la toma de las estaciones de servicio de Shell. En esa oportunidad hubo palos y cárcel para aquellos que ante su reclamo no permitían el normal desarrollo de las actividades de la empresa. Con el caso de la ocupación de las estaciones Shell, nos encontramos con un Gobierno que deja hacer y consiente ,cuando un grupo de dirigentes piqueteros funcionarios, en forma diligente, hace efectiva su orden de impedir que la empresa pueda vender “...ni una lata de aceite”.
Existen algunos datos estadísticos de la industria petrolera que opera en la Cuenca del Golfo San Jorge (sur de Chubut y norte de Santa Cruz) que son absolutamente contundentes. Si se compara la producción petrolera de los últimos dos años se puede verificar que la cantidad de crudo extraído se incrementó desde enero de 2002 hasta junio de 2004 en un 18% en Chubut y en un Santa Cruz se redujo en un 15% debido fundamentalmente a un cambio del patrón extractivo de la cuenca, pero también a las diferentes protestas protagonizadas en la zona. 20 Ahora si lo que se mide es el valor que han tenido esos niveles de producción se debe afirmar que, en el mismo período antes mencionado, el valor de la producción petrolera chubutense creció en un 352% y en un 303% en el norte santacruceño. Este importante incremento encuentra su fundamento no sólo en la salida de la convertibilidad y el aumento imparable del precio internacional del crudo, sino que también se evidencia que el sur chubutense es la región del país donde se han focalizado los mayores esfuerzos productivos de las multinacionales, en particular Repsol-YPF y Panamerican Energy.
Ante la contundencia de las cifras mencionadas sería casi irrisorio pensar que los desocupados de la zona no reclamaran insertarse en tan floreciente actividad , pero lo cierto es que los gobiernos de Kirchner y Acevedo han profundizado su decisión de impedir este reclamo en favor de las petroleras multinacionales sin importarle las necesidades de los pobladores del norte de Santa Cruz.

Transportadora de Gas del Sur (TGS)
Inicia su actividad el 28 de diciembre de 1992 , a partir de la decisión del Gobierno Nacional de privatizar las compañías estatales, entre las cuales se encontraba Gas del Estado S.E. A través de Telcosur S.A., una sociedad 99,98 por ciento controlada por TGS, se incorporan en el área de servicios: las telecomunicaciones. Asimismo, participó en la construcción del gasoducto que vincula el sistema de transporte de gas de TGS con el gasoducto Cruz del Sur, el cual abastecerá al mercado uruguayo con posibilidades de acceder a la demanda brasileña. Este gasoducto lo opera TGS y es propiedad de Gas Link S.A (sociedad vinculada a la empresa).
20 Info Moreno 36
El principal accionista de TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. (Ciesa), quién junto con Petrobras Energía S.A. y el grupo Enron Corp. poseen aproximadamente el 70% del capital social de TGS.
• El 30% restante del capital social cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York.
• Por su parte, Ciesa está controlada en un 50% por Petrobras Energía S.A. y una subsidiaria, y el restante 50% por subsidiarias de Enron Corp.

Transportadora de Gas del Norte S. A. (TGN)
Es la empresa dedicada al transporte de gas natural por gasoductos de alta presión en el centro y norte de la Argentina.. Las empresas accionistas de TGN son:
• Gasinvest S.A. (conformada por Techint, Compañía General de Combustibles S.A),
• Total S.A
• Petronas Argentina S.A
• CMS GAS
Téngase presente que la República Argentina es uno de los países con mayor desarrollo gasífero del mundo, aportando el gas el 47% de la matriz energética primaria.

PDVSA (Empresa Estatal Venezolana)
La empresa estatal venezolana ha empezado a operar en nuestro país, a partir de los acuerdos bilaterales entre los presidentes Kirchner y Chávez. En ese sentido, el Poder Ejecutivo Nacional mediante la Resolución 502/04 del 19/5/04 del Secretario de Energía dispuso la adquisición de Fuel Oil a la mencionada compañía, evadiéndose todas las previsiones legales dispuesta por la normativa vigente en materia de contrataciones públicas, sin compulsa de precios. Esta situación facilitaría la adquisición de estos productos con sobreprecios. Se detallan a continuación los aspectos más relevantes de la mencionada Resolución:
• Que dentro del objetivo recíproco de promover y fomentar el progreso de las respectivas economías, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, ha acordado con esta última la provisión para el Mercado Argentino de Fuel Oil . 37
• Que las operaciones comerciales derivadas de su aplicación serán realizadas por la Empresa Estatal PETROLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (PDVSA) por una parte y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA).
• Que el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS en su Resolución N° 183 del 14 de abril de 2004, en función de lo señalado en los considerandos precedentes, ha dado intervención a esta SECRETARIA DE ENERGIA para que coordine y atienda la operatoria.
• Que la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA N° 389 del 20 de abril de 2004 instruye al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) a suscribir, por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL, los documentos necesarios con la Empresa Estatal PETROLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANONIMA para el suministro de Fuel Oil, en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre nuestro país y Venezuela suscrito el 6 abril de 2004, destinados a la generación de energía eléctrica en centrales térmicas de la Argentina.
• Que la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES de esta Secretaría no ha formulado objeciones al modelo de contrato incluyendo la metodología de cálculo de precios.
• Aprueba la contratación de la Empresa de Servicios CMC S.A21. para realizar la logística integral correspondiente al contrato con la Empresa Estatal PETROLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANONIMA para el suministro de Fuel Oil.
Téngase presente que no surge de la Resolución analizada la realización de un concurso de precios para la contratación de la firma CMC. La voluntad de participar en el mercado interno argentino fue expuesto varias veces por el Presidente Chávez. Así, la Revista Fortuna en su Edición N° 68 del 20/09/04 daba cuenta de la voluntad de PDVESA de adquirir Shell en estos términos :
• “La puja principal es la que ya todos conocen, y que tendrá con el desembarco de PDVSA un nuevo capítulo: el gobierno nacional versus las dos petroleras integradas (es decir, que producen, refinan y comercializan petróleo y sus derivados). De éstas, la relación más difícil es con Petrobrás, y la menos mala con Repsol YPF. De qué juega PDVESA en este partido? Nada más ni nada menos que de árbitro, ya que, al igual que Petrobrás, quiere quedarse con Shell, que anunció públicamente su intención de retirarse de la Argentina. Si las más de 900 estaciones de servicio de la firma anglo-holandesa, en las que se vende el 15% de combustibles en la Argentina, quedan en manos de Petrobrás, esta última tendría más de 1.600 estaciones de servicio, peleándole el (21 Despachantes de Aduana. 38) liderazgo a Repsol YPF, que hoy cuenta con alrededor de 1.900 puntos de venta. En el gobierno prefieren que haya cuatro grandes jugadores y no tres en distribución de combustibles, y mejor si uno de ellos es aliado. El escenario más optimista que imaginan cerca de Kirchner es el de combustibles relativamente baratos en las estaciones de servicio de PDVESA, lo que permitiría cortar la dependencia de las decisiones sobre precios que toman Petrobrás y Repsol YPF” .

El fantasma de Cristóbal López
Cristóbal López es un influyente empresario con asiento en Comodoro Rivadavia e importantes vínculos con el Presidente, al grado tal que la revista Noticias lo llama “el Yabrán de Kirchner”. Es propietario, entre otras empresas, de los Casinos habilitados en la Provincia de Santa Cruz, así como también, de las máquinas tragamonedas instaladas en el Hipódromo de Palermo, cuya capacidad se incrementó recientemente a partir de una decreto del Poder Ejecutivo.
En el negocio energético su participación se extiende a dos empresas Oil M&S prestadora de servicios, principalmente a Repsol, y Clear S.A explotadora del Yacimiento Cerro Negro. A consulta de este equipo de investigación, distintos actores del sector energético han informado que debido a la influencia política de este empresario con la actual gestión, se prevé la posibilidad que se le asignen nuevas áreas de explotación.
Oil M&S
Es una empresa proveedora de soluciones integrales para la industria hidrocarburifera y minera de la Republica Argentina. Fue mediados del año 2.001, con administración central en la ciudad de Buenos Aires, y operaciones en zona SUR (Chubut y Santa Cruz) y OESTE (Neuquén, Río Negro y Mendoza). Se encuentra liderada por Cristóbal Manuel López (Presidente); y Carlos Fabián De Sousa, Muriel Lucia Sosa y José Antonio Tasca (Directores). El 46% de su actividad se concentra en abastecer los servicios de Repsol YPF. Actúa, principalmente en el pueblo de Las Heras Provincia de Santa Cruz donde, al igual que el presidente Kirchner a nivel nacional, tendría un grupo de piqueteros respondería a su estrategia empresaria, así como también, como grupo de choque ante los constantes reclamos de los desocupados de la zona.

Conclusión:
39
Lo que se desprende de la lectura de este acápite y de las expuestas conexiones empresarias es una fuerte concentración de los mismos actores en toda la cadena de comercialización energética
El Subsistema Sur lo operan como principales oferentes energéticos primarios de la cuenca Neuquina:
• Repsol YPF
• Petrobras
• Techint
Estas empresas controlan alrededor del 85% de las reservas gasíferas de esa región. La cuenca Austral la operan:
• Total Austral S.A
• Pan American Energy,
• Petrobras y Sipetrol (estatal chilena filial de la ENAP)
Estas empresas controlan alrededor del 94% de las reservas.
En TGS, con su respectiva red troncal de gasoductos operan indirectamente Petrobras y ENRON. A su vez, TGS entrega el gas natural producido por los mencionados productores a las licenciatarias que operan el mercado interno, a saber:
• Gas Natural BAN (controlada por Repsol YPF y recibe el 87% del fluido por parte de este conglomerado),
• MetroGAS (controlada por Repsol YPF y British Gas),
• Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur (ambas controladas por la italiana Camuzzi).
En lo concerniente a la exportación, TGS opera los gasoductos:
• Pacífico (principales propietarios: Repsol YPF, Total y la estatal chilena ENAP)
• Cruz del Sur (principales propietarios: Pan American Energy, British Gas, la alemana Wintershall Energy y la estatal uruguaya ANCAP);
En el Subsistema Norte, los principales productores que operan en la cuenca Neuquina son:
• Repsol YPF,
• Petrobras
• Techint,
Estas empresas controlan alrededor del 85% de las reservas gasíferas; 40
Cuenca NOA operan:
• Repsol YPF (incluida la importación de Bolivia),
• Pan American Energy
• Techint,
Estas empresas controlan el 100% de las reservas de la zona. Respecto de los gasoductos téngase presente que el abastecimiento del mercado interno, a cargo de TGN, operan indirectamente Techint y Total Asustral S.A . En suma, la concentración empresaria en materia energética se encuentra controlada por los conglomerados extranjeros Repsol YPF, Total y BP-Amoco (Pan American Energy) y por la estatal brasileña Petrobras. Cuadra mencionar por ejemplo, lo sostenido por Daniel Azpiazu y Martín Schorr, cuando expresan que “... dada la estructura de mercado – fuertemente concentrada- que presenta en la actualidad la producción gasífera, cabe plantear serios interrogantes en cuanto a la posibilidad de que la determinación de este precio se pueda dar efectivamente en condiciones competitivas. En rigor, se trata de un mercado oligopólico con una empresa dominante: en la actualidad YPF –controlada por el conglomerado Repsol (que en la Argentina participa, directa o indirectamente, en la propiedad de distintas empresas transportistas y/o distribuidoras de gas, así como en diversas firmas que operan en diferentes segmentos del mercado energético y en actividades productivas energo-intensivas)- tiene una participación de mercado de considerable gravitación en las tres cuencas del país que cuentan con importantes reservas gasíferas (sobre todo, en la neuquina y la noroeste), lo cual le permite controlar más del 50% de la totalidad del gas ofertado en el mercado local (tanto a partir de su carácter de productor como de comercializador de gas generado por terceros)” 22 y que “... Una segunda falla de partida, estrechamente ligada a la anterior, se relaciona con la desregulación del precio del en boca de pozo, que pasó a ser determinado por la libre interacción de una oferta y una demanda fuertemente concentradas (lo cual supuso, en los hechos, una re-regulación de este estratégico segmento del mercado a favor de un núcleo acotado de grandes actores económicos –altamente integrados, dada su participación simultánea en los segmentos de transporte y/o distribución-, que pasaron a tener un papel decisivo en la determinación de uno de los componentes centrales de las tarifas abonadas por los diferentes consumidores)” 23.
Este esquema, que por su composición es proclive a la imposición de las condiciones de mercado y de precios, encuentra su base en la falta de 22 “Desempeño reciente y estructura del mercado gasífero argentino: asimetrías tarifarias, ganancias extraordinarias y concentración de capital”, Segunda serie de documentos de informes de investigación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, diciembre de 2001, pág. 12. 23 AZPIAZU Y SCHORR, Op. cit., pág. 13. 41 controles del gobierno y en la ausencia de una concreta planificación en la materia.
Es esta retracción del poder de policía del Estado, en manos de entes Reguladores escasamente capacitados, digitados por las empresas y generadores de cajas políticas, que produce el agotamiento de los recursos naturales no renovables y la equiparación de los precios de combustibles con los fijados internacionalmente, dejándonos a los consumidores indefensos ante las prácticas de los gerenciadores del sector.
No es gritando por televisión la forma de modificar el esquema enunciado precedentemente, se requiere una gestión eficiente en la materia, con funcionarios comprometidos en brindarle soluciones a los argentinos más que a los empresarios y con gobernantes que hagan cumplir las normas sin armar un show mediático con tinte electoral.
Las responsabilidades no están en los otros, sino en los que permiten este oligopolio empresario que opera sin restricciones ni controles en el mercado Argentino.

Las regalías petroleras
La génesis de la situación que estamos viviendo todos los argentinos encuentra su base en la privatización de YPF, que constituyó no sólo la entrega de uno de los recursos naturales más importantes del país, sino que a partir de allí se consolidó el alejamiento del Estado en su rol de productor de hidrocarburos. Como ya se ha expresado, fue determinante el apoyo del entonces gobernador Kirchner a la privatización de YPF. En ese proceso escandaloso el apoyo del presidente Kirchner, entonces Gobernador de la Provincia de Santa Cruz y artífice de la OFHEPI (24) fue indispensable, no sólo por la activa participación de sus legisladores en el debate legislativo, sino por el respaldo político a la decisión privatizadora de Menem que dan cuenta las crónicas de la época. Entre otros legisladores peronistas, se destacaba el voto de: Fellner y Gioja (actuales gobernadores kirchneristas), Manfredotti (ex gobernador menemista de Tierra del Fuego, apoyado por Kirchner para la segunda vuelta electoral ), Maqueda (actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), Parrilli con activa participación en el debate (actual Secretario General de la Presidencia), Ruckauf, Soria (ex candidato a la gobernación de Río Negro-Kirchnerista) y Felipe Solá (actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires) (24 Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.) 42
Los recursos provenientes de la entrega de YPF, constituyen parte de los Fondos de la Provincia de Santa Cruz, cuyo monto y aplicación aún se desconocen.
El Estado Nacional, entonces en cabeza de Carlos Menem, firma con las Provincias petroleras un acuerdo que incluyó la sanción de la Ley Nº 24.145. esta norma incluyó:
1. La trasferencia de los yacimientos de hidrocarburos a las provincias .
2. La aprobación a lo dispuesto por el Decreto N° 2.778/90 del 31/12/30, que establecía la transformación de YPF SE en YPF S.A.
3. la privatización del capital social de YPF SA
4. Que las deudas de regalías por hidrocarburos sería cancelada con Bonos de Consolidación de Regalías.
5. El reconocimiento a las Provincias a titulo de participación del 10% en efectivo sobre el derecho de asociación percibido y a percibir en las Áreas Centrales y por las Áreas de la Cuenca Austral y Noroeste.
El 24/11/92 se firma el acta acuerdo donde el Estado Nacional le reconoce a la Provincia de Santa Cruz una deuda adicional de U$S 150.038.780 en concepto de regalías de gas aprovechado, por lo que la suma de regalías mal liquidadas entre el 1/1/80 al 31/12/90 ascendería a U$S 630.100.00. Posteriormente, los Bonos de Consolidación de Regalías de Hidrocarburos25 fueron emitidos 2/12/92 por un valor nominal de U$S 3.200.000.000.que después utilizó canjeándolos por acciones case B de YPF. Es importante destacar que estos recursos se encuentran en bancos del exterior sin saber la ciudadanía a ciencia cierta el saldo y su aplicación.

Conclusión General
Hasta 1990 el Estado Argentino monopolizaba la fijación de precios en los hidrocarburos en todas sus etapas. Hoy esto está en poder de una concentración económica transnacional. Una sola compañía, Repsol YPF, participa en la oferta de naftas en más de un 50% y en lo que hace al gasoil supera el 60% del mercado. La ausencia del rol del Estado - productor, es una de las causas principales de los aumentos tan cuestionados por la actual Administración. Pero, no hay que olvidarse que de aquella privatización escandalosa el Presidente Kirchner fue actor principal, como muchos de sus funcionarios. (25) Previstos en la Ley 24.145 y modificados por el Decreto 54/93 43
Ellos participaron de la fiesta menemista facilitando la entrega de nuestros recursos naturales . El panorama descripto nos permite afirmar que:
�� La Administración Kirchner lejos de modificar el esquema normativo que permitió la depredación de nuestros recursos energéticos pergeñado durante el menemismo lo ha mantenido incólume en sus aspectos centrales, llegando a profundizar muchos de ellos a través de su accionar, por ejemplo con el Decreto Nº 546/03.
�� La Administración Kirchner profundizo el vaciamiento de las instancias de control y su dependencia del poder político, dando así cobertura legal y política a las irregularidades del sector público y privado.
�� La Administración Kirchner fue absolutamente negligente al momento de la adopción de medidas que permitieran revertir la crisis energética que ya venía siendo anunciada y actualmente enfrentamos.
�� La Administración Kirchner promocionó como salida a la crisis la ampliación de la red de gasoductos. La misma no se concreto en tiempo y forma por irregularidades, sobreprecios, garantías dudosas y demoras injustificadas imputables a la Administración Central.
�� La Administración Kirchner permite el mantenimiento de conglomerados empresarios oligopólicos presentes en los diversos segmentos que integran la industria hidrocarburífera. Ello implica aceptar una concentración de mercado con el consecuente poder económico y de decisión que ello conlleva para las empresas favorecidas.
�� La Administración Kirchner, por esta lista de incumplimientos, desmanejos y probables complicidades deja al país indefenso y sin acciones relevantes en ejecución frente a un severo problema de generación y transporte de energía. De esta manera el gobierno -por acción o por omisión- es responsable por la crisis energética y todos los perjuicios que ella conlleva para la sociedad argentina.