La Muni es un cabaret
El intendente Raúl Simoncini nos acostumbró a los cambios de gabinete en forma anual, ya sea agregando Secretarías que de 5 pasaron a 9 y después fueron 7 y creando nuevas Subsecretarías o modificando los títulos de las mismas, en fin, demasiadas idas y vueltas en torno a lo que parece no tener fin y dándonos la sensación de que aquellas declaraciones tras su primer año al gobierno (“este primer año lo tomé para aprender a gobernar”) todavía son aplicables y sigue aprendiendo aunque cada vez con mejor sueldo.
Al parecer es la Secretaría de Gobierno un lugar por demás “candente”. De allí fueron despedidos Miguel Donet y Alberto Parada (los del cajoneo de actas), y antes fueron subsecretarios Adrián López (huyó a Provincia) y Claudia Stella (la del portazo), y ahora Eduardo Bernal (el que dijo que a los recitales iban animales) y Carlos Marsó (aquel que mandó a las manifestantes a hacerles la comida a sus hijos y lavarles la ropa). Y este último también en noviembre último, fue acusado de “acoso sexual” por una menor de edad y ahora es sospechado como un funcionario afecto a las fiestas privadas y de tráfico de influencias para con algunos propietarios de ciertos cabarets.
A partir de una investigación judicial que incluyó diversos allanamientos inclusive a las oficinas de Marsó, se quebró una red de prostitución y trata de blancas con caracteres similares a la esclavitud y la prueba de que además mujeres ingresadas ilegalmente al país con documentos falsos, y la indignante prostitución de menores de edad. Las escuchas telefónicas desde la oficina de Marsó lo indican como uno de los que anticipaban los operativos de la dirección de Habilitaciones a los boliches amigos, una suerte de tráfico de influencias, que si bien no está penado en la provincia, se puede rotular la causa como cohecho y por ende penarse. Trascienden datos en los medios gráficos y radiales a diestra y siniestra, y uno de ellos pinta de cuerpo entero a esta gestión municipal que actúa como si las cosas no fueran a traslucir en algún momento, como si no se supieran en una ciudad con alma de pueblo, luciendo lo que en definitiva es una muestra de su creída impunidad y alimentada por la soberbia. El dato crucial y definitivo es que con la veda política y el autoacuartelamiento de los policías el pasado 21 de octubre (previo a las elecciones) algunos funcionarios cerraron un cabarute, pidieron que bajen las luces y bajar el sonido, y aprovecharon la noche.
Sin lugar a dudas la connivencia para la existencia de una red de prostitución es importante, es necesaria desde la policía, desde los inspectores municipales, desde funcionarios del gabinete que deben poner su firma para que funcionen y hasta diría que la misma justicia debe poner el ojo en los mismos jueces y fiscales. No hay que olvidar a Migraciones y la implicancia de Saunders, un ex policía.
Parafraseando al ex jugador de Boca, Diego Latorre, bien podríamos decir que la muni “es un cabaret”.
Al parecer es la Secretaría de Gobierno un lugar por demás “candente”. De allí fueron despedidos Miguel Donet y Alberto Parada (los del cajoneo de actas), y antes fueron subsecretarios Adrián López (huyó a Provincia) y Claudia Stella (la del portazo), y ahora Eduardo Bernal (el que dijo que a los recitales iban animales) y Carlos Marsó (aquel que mandó a las manifestantes a hacerles la comida a sus hijos y lavarles la ropa). Y este último también en noviembre último, fue acusado de “acoso sexual” por una menor de edad y ahora es sospechado como un funcionario afecto a las fiestas privadas y de tráfico de influencias para con algunos propietarios de ciertos cabarets.
A partir de una investigación judicial que incluyó diversos allanamientos inclusive a las oficinas de Marsó, se quebró una red de prostitución y trata de blancas con caracteres similares a la esclavitud y la prueba de que además mujeres ingresadas ilegalmente al país con documentos falsos, y la indignante prostitución de menores de edad. Las escuchas telefónicas desde la oficina de Marsó lo indican como uno de los que anticipaban los operativos de la dirección de Habilitaciones a los boliches amigos, una suerte de tráfico de influencias, que si bien no está penado en la provincia, se puede rotular la causa como cohecho y por ende penarse. Trascienden datos en los medios gráficos y radiales a diestra y siniestra, y uno de ellos pinta de cuerpo entero a esta gestión municipal que actúa como si las cosas no fueran a traslucir en algún momento, como si no se supieran en una ciudad con alma de pueblo, luciendo lo que en definitiva es una muestra de su creída impunidad y alimentada por la soberbia. El dato crucial y definitivo es que con la veda política y el autoacuartelamiento de los policías el pasado 21 de octubre (previo a las elecciones) algunos funcionarios cerraron un cabarute, pidieron que bajen las luces y bajar el sonido, y aprovecharon la noche.
Sin lugar a dudas la connivencia para la existencia de una red de prostitución es importante, es necesaria desde la policía, desde los inspectores municipales, desde funcionarios del gabinete que deben poner su firma para que funcionen y hasta diría que la misma justicia debe poner el ojo en los mismos jueces y fiscales. No hay que olvidar a Migraciones y la implicancia de Saunders, un ex policía.
Parafraseando al ex jugador de Boca, Diego Latorre, bien podríamos decir que la muni “es un cabaret”.