¿Quién paga los platos rotos de los Bermejales?
3 millones de euros, 500 millones de pesetas... Tras el desaguisado que se hizo con los chabolistas, que puso en evidencia la pésima gestión social del Ayuntamiento de Sevilla, la segunda consecuencia del escandaloso desalojo es la económica.
Le toca pagar a la Gerencia de Urbanismo, que es en más del 90%, la prioncipal integrante de la junta de compensación que ha sido condenada por el juzgado número 11 de Sevilla a pagar a Inmoavance (la inmobiliaria que entregó, en billetes de 500 euros, el dinero a los chabolistas) 2,25 millones de euros de principal y 822.000 euros de intereses de demora y costas.
Pero se supone, así al menos se recogía en las conclusiones de aquel paripé de comisión de investigación, que la decisión se adoptó a espaldas de la Gerencia de Urbanismo, en una supuesta reunión del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, celebrada según parece el 28 de junio de 2004, un mes antes del desalojo.
Se dijo que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, asistieron a aquella reunión, si es que ésta se produjo. Y que Carrillo comunicó al gerente, Manuel Marchena, la orden para que ejecutara el maquiavélico plan (el portavoz del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, llegó a decir al día siguiente del desaguisado que "el fin justifica los medios").
IU, en el gobierno de Monteseirín desde 2003, se preocupó por dejar bien claro en las conclusiones que ellos no sólo no habían tenido nada que ver con la decisión, sino que incluso ésta se adoptó sin que ellos tuvieran conocimiento de ella. Incluso, el concejal Antonio Rodrigo Torrijos abanderó la campaña para dejar bien claro que no se le iba a pagar ni un euro de dinero público a la empresa que llevó a cabo el pago a los chabolistas.
Mañana, Consejo de la Gerencia de Urbanismo. Ya veremos cómo se retrata cada uno.
Le toca pagar a la Gerencia de Urbanismo, que es en más del 90%, la prioncipal integrante de la junta de compensación que ha sido condenada por el juzgado número 11 de Sevilla a pagar a Inmoavance (la inmobiliaria que entregó, en billetes de 500 euros, el dinero a los chabolistas) 2,25 millones de euros de principal y 822.000 euros de intereses de demora y costas.
Pero se supone, así al menos se recogía en las conclusiones de aquel paripé de comisión de investigación, que la decisión se adoptó a espaldas de la Gerencia de Urbanismo, en una supuesta reunión del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, celebrada según parece el 28 de junio de 2004, un mes antes del desalojo.
Se dijo que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, asistieron a aquella reunión, si es que ésta se produjo. Y que Carrillo comunicó al gerente, Manuel Marchena, la orden para que ejecutara el maquiavélico plan (el portavoz del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, llegó a decir al día siguiente del desaguisado que "el fin justifica los medios").
IU, en el gobierno de Monteseirín desde 2003, se preocupó por dejar bien claro en las conclusiones que ellos no sólo no habían tenido nada que ver con la decisión, sino que incluso ésta se adoptó sin que ellos tuvieran conocimiento de ella. Incluso, el concejal Antonio Rodrigo Torrijos abanderó la campaña para dejar bien claro que no se le iba a pagar ni un euro de dinero público a la empresa que llevó a cabo el pago a los chabolistas.
Mañana, Consejo de la Gerencia de Urbanismo. Ya veremos cómo se retrata cada uno.