MADRID, LA COMUNIDAD QUE MENOS DA PARA LA LEY DE DEPENDENCIA
Un año y medio después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, apenas 345.000 personas se benefician de ella. La norma, para la que el Gobierno ha destinado 540 millones de euros en los primeros seis meses de este año, ha generado 70.000 empleos y se ha promulgado como una gran apuesta social del Ejecutivo, pero lo cierto es que tan sólo se ha otorgado algún tipo de ayuda a uno de cada tres dependientes, según denuncia Público. Y si bien el Gobierno mantiene que “no recortará ni un euro del dinero comprometido” para esta partida, existe una rendija que impide aprovecharla al máximo: “es imprescindible también el esfuerzo de las Comunidades Autónomas, y a ello se comprometieron todas”, tal como señalan fuentes ministeriales. Andalucía, la Rioja, Murcia, Aragón y Cataluña serían las regiones en las que está más implantada, en tanto en el extremo opuesto estarían Madrid y Valencia, que se valdrían de triquiñuelas para maquillar esta realidad. Los beneficiarios de las ayudas, entretanto, continúan esperando.
“Las Comunidades Autónomas son las que gestionan las solicitudes de la prestación de beneficios de esta Ley que hacen los ciudadanos (…) La financiación de esas prestaciones se realiza con las aportaciones del Gobierno de la nación y con las de los gobiernos de las Comunidades Autónomas”, rezan los informes del ministerio remitidos a esta redacción. En este sentido, Andalucía es, a día de hoy, la región con mayor número de beneficiarios: casi 100.000 personas disfrutan de esta prestación. También en el extremo medio-alto estarían, Cataluña (55.000), Galicia (27.000) y Valencia (25.000). Por el contrario, la de Madrid es la Comunidad con menos beneficiarios: no llegan a 16.000. Cabe destacar que, según los citados informes, Extremadura y Cantabria son las regiones con mayor porcentaje de personas dependientes atendidas.
Una de cada tres solicitudes
A pesar de estos datos, el diario Público señala que la ayuda sólo llega a uno de cada tres dependientes, es decir, un total de 1.173.764 personas han solicitado acogerse a la norma y tan sólo 345.000 se han beneficiado de ella. Además, el rotativo señala que existen factores adicionales para evaluar la gestión de las comunidades en este aspecto. Por ejemplo Murcia, la segunda comunidad con más cobertura, incumple la ley dejando en manos de empresas subcontratadas la valoración de los dependientes. En el mismo error incurre Valencia.
Hecha la ley, hecha la trampa
Las comunidades también aprovecharían la relación entre las solicitudes recibidas y las ayudas concedidas para escalar posiciones en el ránking elaborado por el Estado. Por tanto, según denuncian sindicatos consultados por el rotativo, las facilidades para inscribirse que da cada comunidad serían decisivas.
“En Madrid hay una desviación importante”
Asimismo, la secretaria de Estado de Atención a la Dependencia, Amparo Valcarce, ha aseverado que “en Madrid hay una desviación muy importante entre la población potencialmente dependiente y las personas valoradas y atendidas”. Público explica que el Ejecutivo regional alegó problemas con el sistema informático para actualizar los datos de la implantación de norma, pero estos ya han sido resueltos.
Los “trucos” de Aguirre
Estos fallos serían responsabilidad del Ministerio; sin embargo, Aguirre habría recurrido a un “truco” para que su Ejecutivo parezca más resolutivo: registrar sólo las solicitudes valoradas, dejando de lado el total de las recibidas. Gracias a esta estratagema, la de Madrid es una de las regiones más resolutivas. Otra queja respecto a esta zona, que ha concedido ayudas a tan sólo un 11% de los dependientes que se supone acoge, es que no ofrece atención presencial. Los madrileños tienen que conformarse con el servicio telefónico de 012 tanto para solictar información como para iniciar el trámite. Finalmente, los sindicatos lamentan el bajo número de ayudas económicas otorgadas a los ciudadanos: la mitad de las prestaciones consistens en plazas de residencias.
Valencia: la Generalitat se beneficia de las ayudas
Comentario aparte merece la Comunidad Valenciana. A priori, la región habría pasado de 5.000 a 25.021 beneficiarios en un año. Pero tras este gran crecimiento estaría la mano de la Consellería de Benestar Social, que la aplicaría en su propio beneficio, según denuncian el PSPV-PSOE. Así, la mayoría de expedientes resueltos correponde a personas que ya eran usuarias de los servicios ofrecidos por la Generalitat –centros de día, residencias u otros-. Esta aplicación intencionada de la norma permitiría a la Consellería realizar el menor gasto posible. La oposición, por tanto, denuncia que una buena suma de los casi 40 millones de euros transferidos desde el Gobierno central para cubrir los gastos “acaban en manos de la Generalitat y no de las personas solicitantes de la ayuda”.
“Las Comunidades Autónomas son las que gestionan las solicitudes de la prestación de beneficios de esta Ley que hacen los ciudadanos (…) La financiación de esas prestaciones se realiza con las aportaciones del Gobierno de la nación y con las de los gobiernos de las Comunidades Autónomas”, rezan los informes del ministerio remitidos a esta redacción. En este sentido, Andalucía es, a día de hoy, la región con mayor número de beneficiarios: casi 100.000 personas disfrutan de esta prestación. También en el extremo medio-alto estarían, Cataluña (55.000), Galicia (27.000) y Valencia (25.000). Por el contrario, la de Madrid es la Comunidad con menos beneficiarios: no llegan a 16.000. Cabe destacar que, según los citados informes, Extremadura y Cantabria son las regiones con mayor porcentaje de personas dependientes atendidas.
Una de cada tres solicitudes
A pesar de estos datos, el diario Público señala que la ayuda sólo llega a uno de cada tres dependientes, es decir, un total de 1.173.764 personas han solicitado acogerse a la norma y tan sólo 345.000 se han beneficiado de ella. Además, el rotativo señala que existen factores adicionales para evaluar la gestión de las comunidades en este aspecto. Por ejemplo Murcia, la segunda comunidad con más cobertura, incumple la ley dejando en manos de empresas subcontratadas la valoración de los dependientes. En el mismo error incurre Valencia.
Hecha la ley, hecha la trampa
Las comunidades también aprovecharían la relación entre las solicitudes recibidas y las ayudas concedidas para escalar posiciones en el ránking elaborado por el Estado. Por tanto, según denuncian sindicatos consultados por el rotativo, las facilidades para inscribirse que da cada comunidad serían decisivas.
“En Madrid hay una desviación importante”
Asimismo, la secretaria de Estado de Atención a la Dependencia, Amparo Valcarce, ha aseverado que “en Madrid hay una desviación muy importante entre la población potencialmente dependiente y las personas valoradas y atendidas”. Público explica que el Ejecutivo regional alegó problemas con el sistema informático para actualizar los datos de la implantación de norma, pero estos ya han sido resueltos.
Los “trucos” de Aguirre
Estos fallos serían responsabilidad del Ministerio; sin embargo, Aguirre habría recurrido a un “truco” para que su Ejecutivo parezca más resolutivo: registrar sólo las solicitudes valoradas, dejando de lado el total de las recibidas. Gracias a esta estratagema, la de Madrid es una de las regiones más resolutivas. Otra queja respecto a esta zona, que ha concedido ayudas a tan sólo un 11% de los dependientes que se supone acoge, es que no ofrece atención presencial. Los madrileños tienen que conformarse con el servicio telefónico de 012 tanto para solictar información como para iniciar el trámite. Finalmente, los sindicatos lamentan el bajo número de ayudas económicas otorgadas a los ciudadanos: la mitad de las prestaciones consistens en plazas de residencias.
Valencia: la Generalitat se beneficia de las ayudas
Comentario aparte merece la Comunidad Valenciana. A priori, la región habría pasado de 5.000 a 25.021 beneficiarios en un año. Pero tras este gran crecimiento estaría la mano de la Consellería de Benestar Social, que la aplicaría en su propio beneficio, según denuncian el PSPV-PSOE. Así, la mayoría de expedientes resueltos correponde a personas que ya eran usuarias de los servicios ofrecidos por la Generalitat –centros de día, residencias u otros-. Esta aplicación intencionada de la norma permitiría a la Consellería realizar el menor gasto posible. La oposición, por tanto, denuncia que una buena suma de los casi 40 millones de euros transferidos desde el Gobierno central para cubrir los gastos “acaban en manos de la Generalitat y no de las personas solicitantes de la ayuda”.