LOS OBISPOS QUIEREN QUE VOTEMOS AL MENOS MALO
Los obispos desaconsejan que se vote en las próximas elecciones del 9 de marzo a aquellos grupos que no defienden "la dimensión moral de la vida" y proponen el "ejercicio responsable del voto". Así comienza el documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal (CEE) que el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Camino, ha presentado este jueves en rueda de prensa, y que critica, en sus diez puntos, varias de las políticas del Gobierno socialista.
Una sociedad que quiera ser justa (...) no puede tener a una organización terrorista como interlocutor
Su propuesta arremete contra las formas de familia distintas a "la fundada en el matrimonio", la defensa de la vida humana "desde la concepción hasta la muerte natural", la asignatura de la Ciudadanía o el reconocimiento de partidos políticos que apoyan el terrorismo.
"Es preciso afrontar (...) el peligro de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales (...) en particular con respecto a la defensa de la vida humana en todas sus etapas (...) y a la promoción de la familia fundada en el matrimonio", advierten en clara alusión al aborto y al matrimonio homosexual.
Sobre la educación, los obispos denuncian las dificultades actuales para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública, así como el programa de "Educación para la ciudadanía", ya que considera que este "lesiona el derecho de los padres".
También dedica uno de sus apartados al terrorismo y disuade de apoyar a aquellos líderes que reconocen "explícita o implícitamente" a una organización terrorista como representante político o que la tengan como "interlocutor político".
En el documento incluso hay sitio para el nacionalismo, el cual si bien es reconocido en este como algo legítimo, es rechazado un poco más adelante por el peligro que entraña el separatismo y su visión particularista.
La preocupación por los más desfavorecidos aparece al final, en el punto décimo: la Iglesia recuerda a los que viven en una situación más precaria -inmigrantes, niños, mujeres humilladas- y hace un llamamiento a la solidaridad.
Una sociedad que quiera ser justa (...) no puede tener a una organización terrorista como interlocutor
Su propuesta arremete contra las formas de familia distintas a "la fundada en el matrimonio", la defensa de la vida humana "desde la concepción hasta la muerte natural", la asignatura de la Ciudadanía o el reconocimiento de partidos políticos que apoyan el terrorismo.
"Es preciso afrontar (...) el peligro de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales (...) en particular con respecto a la defensa de la vida humana en todas sus etapas (...) y a la promoción de la familia fundada en el matrimonio", advierten en clara alusión al aborto y al matrimonio homosexual.
Sobre la educación, los obispos denuncian las dificultades actuales para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública, así como el programa de "Educación para la ciudadanía", ya que considera que este "lesiona el derecho de los padres".
También dedica uno de sus apartados al terrorismo y disuade de apoyar a aquellos líderes que reconocen "explícita o implícitamente" a una organización terrorista como representante político o que la tengan como "interlocutor político".
En el documento incluso hay sitio para el nacionalismo, el cual si bien es reconocido en este como algo legítimo, es rechazado un poco más adelante por el peligro que entraña el separatismo y su visión particularista.
La preocupación por los más desfavorecidos aparece al final, en el punto décimo: la Iglesia recuerda a los que viven en una situación más precaria -inmigrantes, niños, mujeres humilladas- y hace un llamamiento a la solidaridad.
LAS COSAS EN SU SITIO
Los socialistas expresamos, como siempre, nuestro respeto al ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a reunirse y manifestarse libremente; también nuestro pleno respeto a los actos litúrgicos o confesionales que se celebran en nuestro país; y queremos salir al paso de las manifestaciones públicas, de contenido político, vertidas por algunos responsables de la jerarquía de la Iglesia Católica en la concentración que se celebró en Madrid el pasado día 30.
En relación con ellas declaramos lo siguiente:
1. Es la Constitución de 1978 la que determina que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Es la Constitución de todos los españoles la que ha proclamado que todos ellos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión. Es la Constitución la que ha garantizado la libertad religiosa y la que ha determinado que ninguna confesión tenga carácter estatal. Es esta misma Constitución, base última de los valores y principios en los que se legitima la ordenación de la convivencia en sociedad, la que ha establecido que el respeto a la ley y a los derechos de los demás es el fundamento del orden político y de la paz social.
2. A lo largo de estos últimos treinta años, los españoles han decidido mayoritariamente ampliar los derechos y las libertades individuales y fortalecer las políticas sociales en favor de la dignidad de las personas, objetivo último del orden jurídico democrático.
En estos últimos cuatro años, nuevas leyes han avanzado en la extensión de derechos y políticas sociales precisamente en favor de las familias.
Lo han hecho estableciendo medidas para promover la natalidad, para conciliar la vida laboral y familiar, para dignificar a las familias de jubilados con pensiones más bajas, para apoyar a las familias con personas dependientes, para que las familias con menos recursos dispongan de más becas para que sus hijos puedan seguir estudiando…
También en estos cuatro años, nuevas leyes han creado nuevos derechos: para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para reconocer el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual, y para poder poner fin, en ejercicio de la libertad, a una relación conyugal rota sin tener que sufrir dilaciones injustificadas.
3. La fortaleza de la democracia consiste en la garantía de la convivencia de opciones ideológicas, morales y religiosas distintas, sin aceptar la imposición de ninguna en particular. En este sentido, en un régimen de libertades, la fe no se legisla. La legitimidad de los valores y de las reglas de la convivencia emana de los principios y procedimientos constitucionales. No hay más legitimidad que la legitimidad constitucional.
Toda confesión religiosa tiene plena autonomía en su orden doctrinal respecto de quienes participan de ella, pero es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos. Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan estos principios se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia.
4. Guiados por nuestras convicciones democráticas y por nuestra defensa de la libertad individual, los socialistas, no daremos ningún paso atrás: seguiremos trabajando para que los ciudadanos españoles sean más libres y con más derechos, y para que, al mismo tiempo, nuestra convivencia sea cada vez más respetuosa y tolerante.
(Comunicado difundido el 2 de enero de 2007)
En relación con ellas declaramos lo siguiente:
1. Es la Constitución de 1978 la que determina que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Es la Constitución de todos los españoles la que ha proclamado que todos ellos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión. Es la Constitución la que ha garantizado la libertad religiosa y la que ha determinado que ninguna confesión tenga carácter estatal. Es esta misma Constitución, base última de los valores y principios en los que se legitima la ordenación de la convivencia en sociedad, la que ha establecido que el respeto a la ley y a los derechos de los demás es el fundamento del orden político y de la paz social.
2. A lo largo de estos últimos treinta años, los españoles han decidido mayoritariamente ampliar los derechos y las libertades individuales y fortalecer las políticas sociales en favor de la dignidad de las personas, objetivo último del orden jurídico democrático.
En estos últimos cuatro años, nuevas leyes han avanzado en la extensión de derechos y políticas sociales precisamente en favor de las familias.
Lo han hecho estableciendo medidas para promover la natalidad, para conciliar la vida laboral y familiar, para dignificar a las familias de jubilados con pensiones más bajas, para apoyar a las familias con personas dependientes, para que las familias con menos recursos dispongan de más becas para que sus hijos puedan seguir estudiando…
También en estos cuatro años, nuevas leyes han creado nuevos derechos: para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para reconocer el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual, y para poder poner fin, en ejercicio de la libertad, a una relación conyugal rota sin tener que sufrir dilaciones injustificadas.
3. La fortaleza de la democracia consiste en la garantía de la convivencia de opciones ideológicas, morales y religiosas distintas, sin aceptar la imposición de ninguna en particular. En este sentido, en un régimen de libertades, la fe no se legisla. La legitimidad de los valores y de las reglas de la convivencia emana de los principios y procedimientos constitucionales. No hay más legitimidad que la legitimidad constitucional.
Toda confesión religiosa tiene plena autonomía en su orden doctrinal respecto de quienes participan de ella, pero es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos. Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan estos principios se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia.
4. Guiados por nuestras convicciones democráticas y por nuestra defensa de la libertad individual, los socialistas, no daremos ningún paso atrás: seguiremos trabajando para que los ciudadanos españoles sean más libres y con más derechos, y para que, al mismo tiempo, nuestra convivencia sea cada vez más respetuosa y tolerante.
(Comunicado difundido el 2 de enero de 2007)